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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Razón y sinrazón

EL DOCTOR David R. Laing, principal impulsor de la teoría de la antipsiquiatría, que cuestionaba el concepto mismo de enfermedad mental y, por tanto, la existencia de los hospitales psiquiátricos, no llegaría a ver el fracaso de sus teorías: falleció en 1989, internado en un psiquiátrico tras haber perdido la razón. Como reflejo tardío de aquellas teorías, interpretadas de manera más o menos interesada, algunos Gobiernos dieron entidad legal a la supresión de los internamientos de choque y los de larga duración. El fondo de la cuestión era la condición de incurables de algunas enfermedades mentales: no considerar enfermos a los que eran incurables parecía una idea hermosa y nueva. Y en los ministerios de Hacienda, de Sanidad y de Trabajo se descubría un filón: la supresión de los manicomios era un enorme ahorro. Se encomendarían a los familiares y a la sociedad a estos enfermos, ayudados en los ambulatorios. Corrió el aloperidol y los desastres familiares humanos. Esta ley llegó a España: la aceptó el Gobierno socialista, que mezcló su vocación de izquierda con su angustia de ahorro en la sanidad pública, y pasó al nuevo Código Penal, en el que se suprimen los psiquiátricos penitenciarios. En todas estas utopías había un fondo de realidad: los psiquiátricos de prisión han sido un modelo de desastre, de coacción y de tortura, con la desesperación de los médicos y del personal que los atendía. Los resultados se producen ahora: jueces que incapacitan a ciertos delincuentes de los que se supone un desorden mental continuo (nadie se atreve a decir incurable) y no pueden ser encarcelados; no hay psiquiátricos en las cárceles, y los envían a los hospitales públicos, donde no pueden hacerse cargo de ellos. No hay medios: las salas psiquiátricas se han convertido en casi ambulatorios donde los internamientos son escasos y efímeros. Muchos de los violadores, agresores en serie o suicidas tienen antecedentes de haber sido dados de alta una vez o más de centros psiquiátricos. Los Gobiernos que decidieron el no internamiento no dieron medios reales para la atención; los que envían a hospitales a dementes de notoria peligrosidad (incluso contra sí mismos) no dotan a éstos de los medios y la amplitud necesaria.Estos temas hubieran requerido debates amplios en su momento. Ahora es difícil volver a los psiquiátricos de antaño, a menos que hubiera capacidad para eliminar su condición inhumana; pero es prácticamente imposible ir arrojando a todos los tipos de enfermos hacia los jueces, de ellos a los médicos desarmados, hacia las familias impotentes y, en fin, hacia la calle sin defensas.

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