El juez cita de nuevo a los implicados en la red de pederastia

El juez Josep Niubó, del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que investiga la red de pederastas que operaba en el barrio del Raval, ha iniciado una segunda tanda de declaraciones de los implicados. Niubó interrogó ayer a Xavier Tamant, supuesto responsable principal de la red, y a Jaime Lli, que se halla en prisión desde junio, así como a una asistente social que había trabajado en el Casal d'Infants del Raval cuando Tamarit era director de este centro, hace 10 años. Los imputados tenían en sus manos informes sociales sobre algunos de los niños con que se relacionaban.Fue la detención de Lli, que alquilaba a una pareja a su hijo de 10 años, lo que destapó las actividades de esta red.

Esta segunda tanda de declaraciones continuará esta semana. Además de Tamarit y Lli, se encuentran en prisión incondicional Enric Mena, presidente de la asociación Taula del Raval, y una mujer acusada de alquilar su casa a los pederastas. Precisamente ayer el juez ordenó el registro de un piso en relación con este caso. Además otros seis implicados se encuentran en libertad con cargos. El juez Niubó ha decidido no informar a los medios de comunicación sobre las comparecencias "por respeto a los implicados". Entre las diligencias practicadas figuran ruedas de reconocimiento en la cárcel, para que las víctimas pudieran identificar a los acusados.

Antoni Comas, consejero de Bienestar Social de la Generalitat, aseguró ayer a este diario que su departamento comunicó hace dos años a la fiscalía la información de que disponía sobre las actividades de un implicado. "En un momento dado", declaró, "tuvimos dudas sobre una persona y lo comunicamos a la fiscalía". Según Comas, en primer lugar hay que evitar poner etiquetas a los barrios, "porque es una enorme injusticia".

Ayer el Ayuntamiento de Barcelona negó que hubiera frenado por razones políticas una anterior investigación sobre Tamarit. Según el Ayuntamiento, la Guardia Urbana investigó las andanzas de Tamarit con un niño a petición de la fiscalía y le remitió sin dilación el resultado. El Ayuntamiento también desmintió en un comunicado que hubiera desmantelado una brigada de la Guardia Urbana supuestamente dedicada a los delitos cometidos contra menores, puesto que nunca existió ya que era una brigada que detectaba el abstencionismo escolar -niños en las calle en horario lectivo-, tarea que finalmente se encomendó a todos los guardias. La Guardia Urbana no es una policía competente en materia de abusos a menores salvo a petición Judicial.