Medidas discutibles

LAS MEDIDAS propuestas por el Ministerio del Interior para reforzar los instrumentos legales en la lucha contra el terrorismo en sus diversas formas no nacen precisamente con buena estrella. Y no ya por la reyerta verbal entre PNV y Ministerio del Interior sobre el origen de la filtración de las mismas. Más por el preocupante retorno a los hábitos de antes de la muerte de Miguel Angel Blanco de utilizar la lucha antiterrorista como elemento diferenciador entre los partidos. La unidad de acción de los demócratas en la lucha contra ETA y sus cómplices está dando resultados en muchos campos. El municipal es uno de ellos.Pero esta evolución tan positiva contrasta con un constante bombardeo de declaraciones desde todas partes que no hacen sino dañar la lucha común que los ciudadanos han exigido claramente a la clase política. Y en la escalada de comentarios desgraciados y dañinos hay que destacar una vez más a Julio Anguita, que prosigue en su carrera hacia el disparate sistemático. Se puede debatir sobre la oportunidad del aislamiento social de aquellos que desde Herri Batasuna defienden la acción criminal de ETA. Hay argumentos a favor y otros en contra, muchos de peso. Pero hacer el menor paralelismo entre quienes defienden y apoyan a la banda criminal y los millones de judíos perseguidos por el régimen nazi es una intolerable ofensa al pueblo judío, a todos los demócratas y al sentido común. En muchos países de nuestro entorno, un disparate como el de Anguita supondría el final fulminante de la carrera política de su autor. El líder de IU debería escucharse menos y pensar más antes de hablar. Sería de agradecer. Y el mayor beneficiado sería él mismo.

Pero, incontinencias verbales aparte, los problemas reales para afrontar las nuevas medidas se deben ante todo a, las dificultades objetivas de unas reformas legales que deben basarse en el consenso de todas las fuerzas democráticas, tener efectos reales y prácticos e ir más allá del voluntarismo surgido en momentos de gran tensión y emoción como los registrados en toda España durante el último mes.

El Gobierno del Partido Popular o confunde con frecuencia el consenso con la charla. El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, parece haber caído esta vez en este hábito de sus compañeros de Gabinete, porque una cosa es recibir a los representantes de los demás partidos democráticos a unas muy lógicas consultas y otra pensar que después todos los consultados habrán de mostrarse de acuerdo con unas medidas que toma el Gobierno en solitario.

A la vista de las reacciones habidas tras la publicación de las medidas, el Gobierno ya ha renunciado a aprobarlas en su primer Consejo de Ministros después de las vacaciones. Las reformas del Código Penal propuestas tienden a ampliar la tipificación de los delitos de terrorismo y poder hacer frente a ese nuevo terrorismo que podríamos llamar de baja intensidad, que se centra en la destrucción de bienes públicos y privados, el vandalismo, la amenaza y las agresiones.

Es cierto que es imprescindible hacer frente a la violencia callejera en general, al odioso fenómeno de las contramanifestaciones y a la actuación de encapuchados. Pero en cuestiones que pueden llegar a afectar a libertades y derechos básicos el acuerdo entre todos los partidos en más necesario que nunca. El Gobierno actúa como si no fuera del todo consciente de ello. Parece que pesa en exceso en sus criterios una muy manifiesta fobia generalizada al Código Penal de 1995 que va mucho más allá de las cuestiones de represión del terrorismo.

Dotar de mayores medios a la Audiencia Nacional y a su fiscalía, en especial para impulsar los llamados juicios rápidos, es una medida del todo razonable. Pero la rapidez de estos juicios no puede ir nunca en detrimento de las garantías procesales que deben asistir a todo ciudadano imputado. La necesaria diligencia de la investigación policial y judicial, las acusaciones particulares, el derecho a la defensa y a los recursos en instancias superiores hacen de la rapidez procesal poco menos que un brindis al sol.

El Gobierno hace bien en estudiar diversas fórmulas para hacer frente al terrorismo y al vandealismo de su entorno. Pero igual que no debe caer -tentaciones hay- en el grave error de creer que las manifestaciones de protesta por la muerte de Miguel Ángel eran una proclamación de apoyo a este Gobierno, no puede tampoco intentar forzar adhesiones inquebrantables en unas medidas que, como casi todo, son perfectamente discutibles y que para ser efectivas tienen que gozar del apoyo de todos los demócratas y no sembrar desconfianza entre ellos. Cuenta con una oposición mucho más dispuesta a una leal cooperación en la lucha antiterrorista de lo que se mostró el PP frente al Gobierno socialista. Debe aprovecharla. Pero no puede confundir la cooperación lógica en esta cuestión de Estado con una disposición de los demás a comulgar con ruedas de molino.