Un juez despoja de sus acciones al propietario del único canal de televisión crítico de Perú

La libertad de expresión sufrió ayer un serio revés en Perú con la resolución de un juez contra el empresario Baruch Ivcher, accionista mayoritario de Frecuencia Latina-Canal 2 de televisión, una de las escasas voces críticas del panorama audiovisual peruano. La resolución suspende a Ivcher de la titularidad de sus acciones y otorga la gestión a los accionistas minoritarios, los hermanos Winter, con buenas relaciones con el poder político. La medida del juez Percy Escobar, recusado por el abogado de Ivcher, es un paso más en la guerra contra el empresario de origen israelí por el presidente de Alberto Fujimori, que le retiró la nacionalidad peruana el pasado 13 de julio con el pretexto de que seguía utilizando un pasaporte de Israel.

Los periodistas de Frecuencia Latina, que ya habían ocupado la emisora al retirarse la nacionalidad a lvcher, volvieron ayer a ocupar las instalaciones de la cadena televisiva inmediatamente después de conocer la resolución judicial, y anunciaron su intención de permanecer en sus puestos de trabajo hasta el último momento. La voluntad de "seguir informando con libertad y transparencia" es unánime entre los encerrados, que claman con firmeza: "¡Resistiremos!". "A partir de hoy [por ayer] se reinicía el encierro. Este no es un lío entre socios, como dice el Gobierno. Este es un problema de libertad de expresión", señaló el jefe de informativos, Iván García. Periodistas de otros medios y parlamentarios de la oposición acudieron en bloque a la sede de Frecuencia Latina para expresar su solidaridad con los encerrados.Aunque la notificación de la orden judicial no se hará pública hasta mañana, los responsables de Canal 2 obtuvieron una copia manuscrita del texto del juez Escobar en el que que, tras suspender "los derechos de titularidad del total de las acciones del señor Baruch lvcher en Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A.", dispone la convocatoria judicial a Junta General Extraordinaria de Accionistas "para tratar sobre la remoción de los actuales miembros del directorio y la elección de un nuevo directorio".

El empresario destituido, declaró desde su destierro en Miami que en Perú no se respeta la legalidad: "Ahora con tanques y fusiles están prácticamente haciendo la ley... Señores, van a tener que entrar con tanques en el Canal 2. Esto no ocurre en ningún sitio del mundo, ustedes han visto la forma en que acusaron, pero he demostrado que son falsas las imputaciones de vender armamento". La decisión del juez Escobar desautoriza a la ministra de Transportes y Comunicaciones que había dado garantías de que no se cancelaría el permiso de operación de Canal 2, a pesar del cuestionamiento de la nacionalidad de Baruch Ivcher.

Acusación militar

La Dirección General de Migraciones del Ministerio del Interior retiró la nacionalidad peruana al empresario, en una orden firmada por el coronel Huamán, un mes después de que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le acusara públicamente de desprestigiar al estamento militar. Posteriormente, medios informativos del entorno del Ejército lanzaron la acusación contra lvcher de su presunta implicación en la venta ilegal de armamento a Ecuador, lo que nunca ha sido probado.Contra la resolución del juez Escobar, el empresario de Canal 2 puede apelar ante la Sala de Derecho Público del Tribunal Supremo de Lima, como instancia que tiene la última palabra. Dicha Sala, que se había distinguido por su actuación independiente, con frecuentes choques con la cúpula militar, ha sido reestructurada íntegramente hace un mes por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial (directamente dependiente del Gobierno). El nuevo presidente de la Sala, Sixto Muñoz Sarmiento, es un ex policía y un incondicional del presidente Fujimori. Fuentes jurídicas independientes de Lima no dudaban que el recurso será desestimado.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por boca de su presidente, Danilo Arbilla, calificó la decisión del juez Percy Escobar de "ilegal y atentatoria a la estabilidad jurídica y a la libertad de prensa y expresión en Perú", porque se basa en una resolución gubernamental que ha sido considerada ilegal por los juristas peruanos.

La Organización de Estados Americanos (OEA) también ha tomado cartas en el asunto. La Comisión de Derechos Humanos de este organismo admitió la denuncia de persecución contra Baruch lvcher. El pasado miércoles otorgó medidas cautelares al empresario peruano de origen israelí y solicitó al Gobierno peruano que le devuelva la nacionalidad.