Cortés recurre el auto judicial sobre los pisos ocupados de Carabanchel

El Gobierno regional ha recurrido el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el jueves suspendió provisionalmente la convocatoria para la adjudicación de 147 pisos del Instituto e la Vivienda de Madrid (Ivima) en el paseo del Quince de Mayo (Carabanchel).Desde hace 10 días, un portal de dichas viviendas está okupado por la asociación vecinal de Carabanchel Bajo, que discrepa sobre el sistema de concesión de las casas, impidiendo el acceso a ocho familias muy necesitadas que aún quedan por tomar posesión de los pisos adjudicados.

El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés, aseguró ayer: "Los jueces no han dado la razón a nadie, sólo dicen que esperemos hasta que decidan". Sin embargo, la asociación vecinal está convencida de que el tribunal les ha dado la razón.

El asunto de fondo sobre el que los jueces deben decidir es un recurso presentado en abril por la asociación contra la convocatoria de adjudicación de estas viviendas (de agosto de 1996) porque dicen que el edificio fue construido para la remodelación de Carabanchel, y no para ciudadanos necesitados de vivienda de toda la ciudad.

El Gobierno regional replica que la remodelación de Carabanchel concluyó en septiembre de 1991 y que el bloque, de la polémica es para cualquier familia que solicite vivienda, al margen de cuál sea su barrio.

Lo que han planteado los jueces, en respuesta a un escrito de la asociación del 26 de julio, es que mientras se resuelve ese asunto no se adjudiquen los pisos. Pero las viviendas no sólo están ya adjudicadas, sino también entregadas (salvo ocho). "El auto ha llegado con retraso, y eso es lo que hemos manifestado al tribunal, esperemos que conteste con celeridad", concluye Cortés.

"Adjudicar a dedo"'

El consejero asegura que todos los recursos vecinales responden al interés, por parte de la presidenta de la asociación, Julia García, "de seguir adjudicando a dedo los pisos construidos por el Ivima, como ha venido haciendo desde hace años". Desde el inicio de este conflicto, Cortés acusa a la asociación encabezada por García de deber al Ivima unos 16 millones de pesetas por recibos de cinco locales comerciales y tres garajes que tiene adjudicados en la zona del Camino Alto de San Isidro.García replica que no entiende por qué el consejero se dedica a meterse con ella y alega que en la zona hay 294 familias que estaban incluidas en la remodelación de Carabanchel y para las que debían ser los pisos del Quince de Mayo. Pero esas familias no aparecen por ningún lado.

La asociación se reunió hace días con responsables de la consejería, pero por ahora tienen previsto seguir okupando el edificio. La Comunidad ha solicitado su desalojo, pero como ese trámite puede demorarse, esperan arreglar el asunto en los próximos días.