La oposición pide que el Congreso de Perú investigue si Fujimori nació en Japón

Prensa y oposición política en Perú han coincidido esta semana en un objetivo: socavar la legitimidad de Alberto Fujimori. Una investigación periodística con amplia difusión desde el miércoles asegura que el presidente no nació en Perú, como se sostiene oficialmente, sino en Japón, de donde proceden sus padres. El asunto es grave. El alumbramiento en tierras niponas de Fujimori le inhabilitaría para el cargo, según la Constitución. La oposición ha pedido que una comisión legislativa investigue el caso. Fujimori hizo público ayer un comunicado en el que se muestra partidario de un "peritaje independiente y serio" sobre las posibles alteraciones de su partida de nacimiento y reiteró haber nacido en Perú.

La información difundida al mismo tiempo por el diario La República, la revista Caretas y el programa de televisión En persona es un proyectil contra la legitimidad de Fujimori, ya que la Constitución peruana establece que sólo pueden ser presidentes los peruanos de nacimiento.Fujimori, que cumplirá 59 años este lunes, es hijo de inmigrantes japoneses, pero nació en Perú, según todos los documentos oficiales. Los periodistas que han destapado el caso afirman ahora que los papeles han sufrido tachaduras y borrones para ocultar el verdadero lugar de nacimiento del mandatario.

El abogado de la familia Fujimori, Sandro Fuentes, leyó ayer, un comunicado del presidente en el que reitera haber nacido en Perú y se muestra partidario de un peritaje "independiente y serio" que investigue los borrones en la partida de bautismo. "La familia tiene interés por saber quien hizo esas enmiendas", recalcó Fuentes, quien indicó que si se cotejan la partida de nacimiento y la de bautismo se podrá leer que el lugar de nacimiento del presidente es el distrito limeño de Miraflores.

No es la primera vez que sal tan a la palestra sospechas sobre la nacionalidad original del presidente, pero esta vez llegan en mala hora para Fujimori. Su popularidad se ha desplomado hasta niveles peligrosos para una democracia escasa de: estabilidad como la peruana a raíz de una serie de escándalos. Entre ellos destacan la tortura de los servicios secretos a una de sus agentes, y el espionaje telefónico a unas 200 personalidades.

Para rematar, el Gobierno) ha retirado la nacionalidad a Baruch Ivcher, propietario del canal televisivo que destapó este último escándalo, con el objetivo nada disimulado de retirarle la licencia, y silenciar otra voz opositora. La reacción fue contundente. Cinco ministros salieron del Gabinete en una remodelación obligada por la crisis y me nos del 20% de los peruanos apoya ahora a Fujimori, según las últimas encuestas, cuando su popularidad superaba el 70% hace pocos meses, tras la liberación a sangre y fuego de los rehenes de la Embajada de Japón en Lima.

Abierto este nuevo frente, el Gobierno ha reaccionado como un solo hombre. Varios ministros han descalificado ásperamente las imputaciones. El titular de Industria, Gustavo Caillaux, tachó la noticia de "parte de los mil rumores que hay siempre" y manifestó su convencimiento de que Fujimori "es peruano".

Pero en un aspecto importante sí coinciden los defensores de Fujimori y una parte de los diputados de oposición moderada: en la fragilidad de la democracia en Perú y en lo peligroso que resultan para el sistema político las denuncias contra la legitimidad del presidente.

Propiciar un golpe

"Muchos estamos en contra de este régimen", declaró ayer el congresista José Barba Cabellero, "pero no podemos aceptar de ninguna manera que se propicie un golpe". Para Barba, "decir que el presidente no es peruano es pedir abiertamente que los militares intervengan". De la misma opinión es la diputada de la alianza gubernamental Luz Salgado.Los opositores más radicales al régimen, tanto en la prensa como en el Congreso, no lo ven claro y tampoco parecen dispuestos a soltar tan rápidamente la presa, especialmente tras los golpes asestados en los últimos días por el Gobierno, que dispone para ello de todo el aparato del Estado sin las cortapisas de países más democráticos. La congresista Lourdes Flores, del Partido Popular Cristiano, pidió que una comisión legislativa verifique "la verdadera nacionalidad" del mandatario. Poco después, otro grupo opositor presentó en el Congreso una moción en este sentido.