Un delito demostrado

LA SENTENCIA del Tribunal Superior de Justicia de Baleares lo ha dicho claro: Gabriel Cañellas, ex presidente del Gobierno de Baleares, es autor criminal responsable de un delito de cohecho por aceptar una comisión de 50 millones de pesetas del empresario Antonio Cuart a cambio de la concesión de las obras del túnel. La sentencia confirma además que el ex gerente del PP José Antonio Berastáin es encubridor de este delito. Aunque el tribunal absuelve finalmente a Cañellas y al resto de los, acusados por el caso del túnel del Soller, debido a que el delito ha prescrito, la sentencia establece su culpabilidad, que en términos políticos significa que el PP recurrió también a donativos ilegales para financiarse.El propio Cañellas ha confundido la gimnasia con la magnesia al afirmar que su honor no ha quedado en entredicho. Por el contrario, es lo único que la sentencia pone en cuestión, puesto que considera probado el delito de cohecho, aunque el tiempo transcurrido le impide actuar contra el patrimonio o la libertad de los acusados. Si han resultado absueltos no es por inexistencia de delito, sino porque éste ha prescrito al haberse superado con creces los cinco años que establece el nuevo Código Penal. No cabe, pues, que el ex presidente de Baleares o su partido se vanaglorien de la sentencia, salvo en el sentido de que al primero le ha evitado ir a la cárcel.

Hace tiempo que resultan poco creíbles los intentos de los partidos políticos para desligarse de la corrupción. atribuyendo a grupos localizados de militantes la iniciativa delictiva de "pasar el platillo", por utilizar la chusca expresión del delegado del Gobierno en la Zona Franca de Barcelona, el popular Enrique Lacalle, autoinvolucrado en el caso de las aportaciones financieras de Javier de la Rosa a su partido. Dicho lo cual, también hay que reconocer que la escasa eficacia de los tribunales para tratar los casos de financiación fraudulenta de los partidos está produciendo en la opinión pública un cierto desánimo. Si en el caso Filesa -la red de recaudación fraudulenta del PSOE- el número de acusados se ha reducido de forma sustancial y se ha extendido la fundada sospecha de que la instrucción del caso ha sido insuficiente, la absolución de Cañellas y de todos los acusados es otra decepción que viene a sumarse a una lista importante de fracasos. Las dificultades de la justicia para castigar a los autores de este tipo de delitos incita a una reflexión seria.

Aunque la decisión judicial pueda resultar frustrante para quienes defienden que los partidos tienen los medios suficientes para financiarse dentro de la ley, lo cierto es que la sentencia supone un golpe moral y político para los acusados. Después de la sentencia del caso Sóller resulta evidente que la financiación mediante comisiones ilegales y cohechos no es una práctica aislada. Más bien parece una actitud extendida y que puede ser extremadamente peligrosa para la transparencia democrática. La clave principal es que los partidos cumplan a rajatabla las leyes que ellos mismos han aprobado, y que, en el caso de que se deba investigar un nuevo asunto de financiación ilegal, el Estado y el sistema judicial agilicen los trámites para que el delito no se escape entre las rendijas de las normas.