Berlusconi y De la Rosa, imputados en delito fiscal por su gestión en Tele 5

El juez Baltasar Garzón, a requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción, realizó ayer un auto de imputación contra 38 personas, entre las que se encuentran el ex jefe del Gobierno italiano y presidente del grupo televisivo Mediaset, Silvio Berlusconi, así como su hermano Paolo. Otros imputados son Javier de la Rosa y Alfredo Fraile, al igual que el ex presidente de Tele 5, Miguel Durán, y el actual director general, Maurizio Carlotti. El auto menciona los delitos fiscal, societario y falsedades, entre otros, que se atribuyen a la gestión de aquéllos en la sociedad Gestevisión, propietaria de Tele S. Los hechos que se investigan son anteriores a la entrada de los grupos Correo y Prensa Española en su accionariado.

Garzón autorizó ayer cuatro registros en Madrid, tres de ellos en la sede principal y otros edificios de Tele 5 y otro en un despacho de abogados que intervino en las operaciones de compraventa del accionariado de Tele 5.También se realizó en Almendralejo (Badajoz) un registro en el despacho del constructor Ángel Medrano, amigo de Miguel Durán, ex director general de la ONCE y ex presidente de Tele 5, al que la fliscalía considera testaferro de éste en la acumulación de acciones.

Entre las imputaciones que realiza el magistrado, a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, se señala que Berlusconi llegó a poseer o controlar mediante testaferros hasta un 80% del accionariado de Tele 5 y la ONCE, hasta un 40%. La legislación sobre televisión privada sólo permitía que cada socio tuviera un 25% de la sociedad titular de la concesión de un canal de televisión privada.

De lo investigado hasta ahora aparece que la sociedad Gestevisión pudo incurrir en un delito fiscal superior a 2.000 millones de pesetas en los ejercicios 1991, 1992 y 1993. De ellos, 1.000 millones corresponderían a sociedades de Berlusconi (accionista de Gestevisión a través del Grupo Fininvest) y otros 1.000 millones a Javier de la Rosa a través de sociedades como Telefuturo, accionista de Gestevisión en la que participaba Gran Tibidabo.

La ONCE, según fuentes de la investigación, no habría tenido intervención en la evasión fiscal, salvo como cooperadora en el delito por tener participación en el accionariado.

Expedientes prescritos

La investigación se inició a raíz de las actuaciones que Baltasar Garzón tramita en el caso de los 600 expedientes de Hacienda supuestamente prescritos por importe de 200.000 millones de pesetas con los que el PP acusó al PSOE de negligencia y amiguismo. Tres de las sociedades que aparecían en la documentación recibida por el juzgado eran Gestevisión, Publiespaña y Telefuturo.Aunque administrativamente la irregularidad fiscal habría prescrito, por estar paralizada la inspección durante más de seis meses, en la vía penal esto no influye. Aquí se considera que se trata de un delito fiscal que supera ampliamente el límite de 15 millones de pesetas, y el plazo de prescripción se extiende a los cinco años anteriores. Garzón rescata de esta forma tres de los 600 expedientes denunciados por el PP con riesgo de prescripción.

La primera de las sociedades -Gestevisión- era la propietaria de Tele 5, la segunda -Publiespaña- tenía los derechos para comercializar la publicidad de la cadena y Telefuturo era accionista de la primera y sus acciones se vendieron al actual accionista alemán Kirch, quien en la actualidad tiene un 25% y también está bajo sospecha, según fuentes jurídicas.

La investigación coincidía con las pesquisas que venía realizando desde hace más de un año la Fiscalía Anticorrupción en relación con la participación accionarial ilegal en la propiedad de la cadena por tener algunos de los socios más del límite del 25%.

Los datos habían sido facilitados por los jueces y fiscales de Manos Limpias en Milán donde efectivos de la Fiscalía Anticorrupción española se desplazaron el pasado año al menos en tres ocasiones.

Las investigaciones ponen al descubierto una serie de conductas que confluyen en presunto delito fiscal, falsedades en declaraciones prestadas sobre titularidades de acciones para encubrir que algunos socios poseían más del 25% de la propiedad de Gestevisión y también en cuentas en varios países como Suiza, Luxemburgo y Bélgica.

Además de los ya citados figuran como imputados un abogado británico y otros cuatro letrados españoles que presuntamente realizaron las compraventas de acciones.

Las actuaciones judiciales se centran en tres grupos: uno el de De la Rosa que afecta a cinco personas; otro el de Berlusconi que afecta a unos 15 y el tercero el de Durán al que pertenecen los restantes, aparte de los abogados ya mencionados.

Las declaraciones de los imputados comenzarán previsiblemente en septiembre. Aunque los ejercicios Fiscales investigados corresponden a 1991, 1992 y 1993 están pendientes de examinar otros actos jurídicos relativos a 1994 y 1995. Por aquellas fechas, el responsable de la Unidad de Represión y Vigilancia del Fraude Fiscal era Jesús Bermejo, nombrado en junio de 1996 director de la Agencia Tributaria y destituido hace unos días.

Las mismas fuentes han dejado claro que la investigación no afecta a los nuevos accionistas de Tele 5, el Grupo Correo y Prensa Española, a los que en breve se les ofrecerán acciones para personarse en la causa por considerar que sus inversiones pueden haber sido perjudicadas por las inversiones ilegales de otros, ya que el haber rebasado alguno de los socios el límite del 25% permitiría la revocación de la licencia.

Testaferros

Esta situación, según las citadas fuentes, se mantiene en la actualidad porque Berlusconi sigue teniendo más del 50% del accionariado a través de testaferros. Oficialmente, la propiedad actual de Tele 5 se reparte así: 25% Mediaset (Berlusconi y socios directos); otro 25% el alemán Kirch, asociado al financiero italiano en este y otros negocios; 25% Comecosa (Grupo Correo); 10% Prensa Española; y 13% Banco de Luxemburgo, únicamente como tenedor de acciones y del que se sospecha que también controla Berlusconi; y el 2% de pequeños accionistas. La ley permitiría dar un plazo de un mes para subsanar el problema dado que se trata de una situación heredada.

La Fiscalía Anticorrupción emitió ayer una nota en la que explica que "las conductas perseguidas consisten en la realización por parte del Grupo Fininvest de una serie de inversiones violando las limitaciones establecidas en la Ley de Televisión Privada". Entiende que la sociedad "ha faltado a la verdad" en sus declaraciones a las instituciones públicas.

Por su parte, Fininvest emitió ayer un comunicado en el que niega haber poseído en Tele 5 "cuotas superiores al límite establecido por la ley" y asegura poder demostrar que operó con absoluta regularidad desde el punto de vista fiscal.