El PNV negociará, con condiciones, las nuevas medidas contra el terrorismo

El PNV está dispuesto a negociar las medidas legales que el ministro del Interior, Jaime Mayor, trata de introducir para endurecer los delitos de "terrorismo de baja intensidad", pero con condiciones. Margarita Uría, diputada del PNV y jurista, cree necesario que la negociación se haga "con prudencia" para evitar "el riesgo de adoptar unas medidas de excepción que puedan echar abajo los tribunales". Uría se opone tajantemente a regular el cumplimiento íntegro de las penas para los terroristas, propuesto por el PP en su programa electoral.

El PNV aparece dispuesto a estudiar las medidas del Gobierno para facilitar juicios rápidos, tipificar mejor el delito de amenazas, sancionar las contramanifestaciones y delimitar el delito de estragos o violencia sin víctimas. Así se lo ha manifestado el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, al titular de Interior, Jaime Mayor Oreja. Mayor, que ayer regresó de Ibiza, prepara el calendario de reuniones con los partidos con el objetivo de presentar las medidas legales en el Consejo de Ministros del 29 de agosto.El PNV cree que el endurecimiento de la legislación "debe hacerse con calma y no estar sometido a la presión y al calor de los últimos acontecimientos", indica Margarita Uría. "Hay que enfriar los ánimos para proceder a las reformas". La diputada nacionalista contempla con interés la propuesta del ministro de agilizar los juicios -que se resuelvan en 25 días- por delitos de violencia callejera ejecutados por los grupos juveniles afines a ETA. Considera fundamental "la ejemplaridad que se deriva para la gente joven de un juicio rápido".

Margarita Uría se muestra más escéptica en cuanto a la tipificación de los delitos de amenazas, y coacciones -que pretenden penalizar conductas de los miembros de la Mesa Nacional de HB- así como la obstaculización de las contramanifestaciones, en las que militantes del brazo político de ETA insultan y amenazan a los integrantes de manifestaciones autorizadas. Cree que en ambas cuestiones "hay que hilar muy fino" porque estas figuras afectan a "derechos fundamentales y los tribunales pueden tumbar las modificaciones legislativas".

"El delito de amenazas y coacciones procede, generalmente, de políticos en el ejercicio de la crítica política y no es fácil delimitar lo que es crítica y lo que es amenaza", argumenta Uría, que recuerda cómo siendo Juan Alberto Belloch, portavoz socialista de la Comisión de Interior y Justicia, presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao fue "muy garantista" en estas cuestiones y, por tanto, contrario a la penalización de estas conducta de dirigentes de HB.

La diputada nacionalista se muestra contraria a que se trate de reformar el Código Penal para exigir a los terroristas el cumplimiento íntegro de las penas. Cree que este supuesto es "dudosamente constitucional" porque supone "el rechazo de la reinserción como fórmula de integración en la sociedad de los violentos". El presidente del Gobierno, José María Aznar, reconoció el jueves que a él le gustaría introducir esta medida, recogida en el programa electoral del PP, pero ya se adelantó a no considerarla ante el rechazo que suscita en otros grupos.