El Gobierno sube a ocho millones el tope para adjudicar contratos "a dedo"

El Gobierno ha elevado al doble los límites en el uso del "procedimiento negociado" para las contrataciones públicas; es decir, la posibilidad de acudir a la adjudicación directa. Para contratos de suministros y suministros-fabricación se eleva el tope de 2 y 3 millones de pesetas a 5 y 8 millones. Para los de consultoría y asistencia de servicios y de trabajos específicos y concretos no habituales se pasa de 2 millones y un millón a 5 y 2 millones, respectivamente.

El cambio -aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de junio, a propuesta del ministro de Economía, Rodrigo Rato, dentro de un plan de "racionalización y ahorro" de las compras públicas- afecta a numerosas pequeñas partidas del presupuesto de 1,078 billones que el Gobierno destina a compras públicas. Uno de los aspectos de esta estrategia consiste en la reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 1992, con el objetivo de "corregir las rigideces que existen en el actual procedimiento de contratación", según la referencia del Consejo de Ministros.La nota del Consejo no precisaba en qué consistía la corrección de las "rigideces". Pero sí se aclara en un informe de la Subsecretaría de Economía y Hacienda al que ha tenido acceso EL PAÍS. Por un lado, se propone la reforma del artículo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que establece la "preceptiva publicidad en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las adjudicaciones de los contratos que superen los 5 millones de pesetas". A juicio de la Subsecretaría, hay que "suprimir trámites superfluos que impiden la tramitación más ágil de los expedientes de contratación". Este informe proponía aumentar de 5 a 10 millones la cuantía del contrato para ser difundido en el BOE.

Más importancia aún tiene la decisión del mismo Consejo de elevar los límites cuantitativos que autorizan la utilización del procedimiento negociado, o fórmula que deja en manos del Gobierno la adjudicación directa de contratos públicos.

El Gobierno se ampara en la disposición adicional primera de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que autoriza al Consejo de Ministros a modificar las cuantías máximas para la adjudicación directa, previa audiencia de las comunidades autónomas. De acuerdo con ello, la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda propuso, y consiguió, la elevación, en el caso de los contratos de suministros y los de suministros-fabricación, de 2 y 3 millones, fijados en la citada ley, a 5 y 8 millones, respectivamente. Y en el caso de consultoría y asistencia, de servicios y de trabajos específicos y concretos no habituales, el incremento pasa de 2 y un millón a 5 y 2 millones.

Otro aspecto importante del "plan de racionalización y ahorro" de las compras públicas, aprobado por el mismo Consejo de Ministros, es su compromiso de ahorrar entre 32.000 y 64.000 millones de pesetas. La referencia del Consejo proponía una serie de medidas generales en las que no precisaba de dónde podía surgir el ahorro. Las principales medidas, aparecidas en la referencia oficial, eran tan etéreas como estas: "Disminución del consumo, a causa de un mejor y más racional uso de los bienes y servicios adquiridos, en base a los principios de eficiencia, racionalización y austeridad" o "la optimización de las adquisiciones mediante la mejora y racionalización del procedimiento de contratación y la obtención de mejores condiciones en las contrataciones de bienes y servicios".

La conclusión de la referencia del Consejo de Ministros era que, dado el volumen de capital dedicado a las compras públicas en general -1,078 billones-, cada punto de ahorro obtenido en esa materia equivaldría a 10.780 millones de pesetas, "evaluándose que la puesta en marcha de tales medidas podría llegar a producir ahorros de entre un 3% y un 6%, o lo que es lo mismo, entre 32.000 y 64.000 millones".

Pero el informe de la Subsecretaría era algo más escéptico. Decía textualmente: "El establecimiento de una reducción cuantitativa en el conjunto de las adquisiciones públicas por efecto de la implantación de las medidas aquí propuestas es harto arriesgada". Argumentaba que "la efectividad de tales reducciones en algunos casos, aún con la objetividad que a algunas medidas caracterizan, dependerá de la especial receptibilidad y fiabilidad que ofrezcan a los suministradores estas propuestas".