Fujimori, en crisis

EL POPULISMO autoritario de Alberto Fujimori empieza a hacer aguas en Perú. La dimisión del emblemático ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Tudela, ha disparado una cadena de renuncias en el Gobierno, como primer efecto de una serie escándalos de corrupción, torturas y escuchas ilegales que han emergido por razones aún oscuras. Que el presidente tenga que salir a decir que es él quien "gobierna" y no la cúpula militar, y que los militares tengan que declarar públicamente su lealtad al jefe del Estado, refleja la crisis de credibilidad que padece Fujimori, en su nivel más bajo desde que llegó a la presidencia siete años atrás.La gota que ha colmado el vaso ha sido la anulación de la nacionalidad peruana a Baruch Ivcher, ciudadano de origen israelí y accionista mayoritario de Frecuencia Latina, el Canal 2 de la televisión peruana, que anteriormente había apoyado a Fujimori. Horas antes de tal decisión, ese canal había difundido noticias críticas al régimen y a los servicios de seguridad sobre escuchas ilegales a políticos y periodistas, entre ellos a Laura Puertas, colaboradora de EL PAÍS en Lima. Posiblemente el entorno presidencial no calculó bien y entendió que su decisión provocaría una protesta limitada al ámbito periodístico (que también se ha dado, con el encierro de los trabajadores de Canal 2). Pero la crisis se extendió y ha llegado al ámbito del propio Gobierno.

La dimisión de Tudela, para distanciarse de los recortes a las libertades en Perú, es un duro golpe para Fujimori. El ministro de Asuntos Exteriores, que estuvo secuestrado en la Embajada japonesa en Lima, salió de esta crisis herido, pero con una reputación en alza por la entereza que demostró. Su dimisión ha disparado las de otros miembros del Ejecutivo peruano, no siempre vinculadas a un alejamiento de la política de Fujimori, sino a los escándalos que han salpicado a las fuerzas de seguridad, especialmente por denuncias de torturas. Es el caso del ministro de Defensa.

El origen último de la crisis está, sin embargo, en el autoritarismo de Fujimori, cuya popularidad ha descendido dramáticamente, aunque la oposición no haya ocupado todavía el terreno cedido. Fujimori creyó construirse a su medida un régimen, tras el golpe de Estado de 1992, pero su figura se resquebraja. Muchos peruanos le permitieron quebrar el Estado de derecho mientras se trató de luchar contra el terrorismo, pero cuando los atentados a la libertades se extienden a otros ámbitos se hacen más numerosas las voces que protestan, en una coyuntura económica en la que las reformas liberalizadoras no han contado con un colchón de seguridad para paliar sus penosos efectos sociales.

La destitución parlamentaria de los miembros del Tribunal Constitucional que se negaron a avalar la posibilidad de la tercera reelección de Fujimori, su desprecio por la independencia del poder judicial o sus ataques a la prensa están provocando la reacción no sólo de la oposición política, sino también de la Iglesia, de muchos empresarios e incluso de Washington. Esta reacción se mutiplica conforme se conocen las artimañas de algunos de los próximos de Fujimori, caso de Vladimiro Montesinos, el asesor presidencial que controla el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que ingresa al menos 10 millones de pesetas al mes por servicios privados en los que, sin duda, trafica con información confidencial

Ante la sensación de descontrol existe el peligro de que Fujimori reaccione de la única manera que hasta ahora ha practicado: con mayores dosis de autoritarismo y de populismo. Peligrosa mezcla que recuerda las peores épocas de América Latina.