La Eurocámara pide la reanudación de programas mediterráneos suspendidos por sospecha de fraude
El pleno del Parlamento Europeo pidió ayer al vicepresidente de la Comisión, Manuel Marín, que relance los viejos programas mediterráneos (conocidos en el lenguaje comunitario como Med-urbs, Med-campus y Med-media) suspendidos por el propio Marín en octubre de 1995, inmediatamente después de descubrirse irregularidades en varias empresas encargadas de proporcionar asistencia técnica a la Comisión en la ejecución de esos programas. Los portavoces apoyaron el informe del eurodiputado popular Juan Manuel Fabra -que hoy será votado- en el que, además de aprobarse la reanudación de esos programas, se destaca que su suspensión por Marín fue una decisión "valerosa y correcta".
El informe menciona que Marín actuó frente a "la crítica e incomprensión de muchos" y "felicita a la Comisión por haber iniciado una investigación administrativa" sobre la actuación de los funcionarios responsables.El examen de la comisión parlamentarla de control presupuestario, cuyo ponente fue Fabra, fue utilizado por algunos círculos para atacar la gestión de Marín, al menos en apariencia. En realidad, esas críticas apuntaban al anterior responsable de la política mediterránea, el actual ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes. Los programas en donde se detectaron irregularidades fueron concebidos en 1990 en el marco de la llamada "cooperación descentralizada" y su base legal se aprobó en junio de 1992. El actual vicepresidente se hizo cargo de dicha cartera en enero de 1993.
Las irregularidades en esos programas fueron detectadas por el Tribunal de Cuentas en octubre de 1995. Desde entonces, además de suspenderlos, la Comisión -en colaboración con el Parlamento- inició una investigación y ordenó recuperar los pagos indebidamente realizados, cifrados en 2,2 millones de ecus, unos 350 millones de pesetas. "No se perderá ni un solo ecu", garantizó ayer Marín. En un caso, además, se ha dirigido a los tribunales nacionales por si la sobrefacturación detectada es constitutiva de delito. Se trata de la empresa italiana Ismeri.
El gran problema pendiente es que la cooperación descentralizada -apoyada empresas externas- sigue siendo indispensable para los miniproyectos que se realizan tanto en el Mediterráneo como en otras zonas.
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