Una de las exigencias del chantaje
El 25 de julio de 1995, dos abogados llegaron al edificio Semillas, en el palacio de La Moncloa. Eran Mariano Gómez de Liaño y Jesús Santaella. El director de gabinete de presidencia, José Enrique Serrano, solo esperaba a Santaella, quien habla sido recibido por Felipe González un mes antes, el 23 de junio. Pero aquí estaba Gómez de Liaño, quien además de representar a Conde tenía sus intereses. Hablaron en términos civilizados sobre el material del Cesid robado por el coronel Perote y las exigencias del ex banquero para evitar su dimisión. Y en medio de las exigencias del chantaje -económicas y jurídicas, sustitución del juez García-Castellón por Miguel Moreiras, entre otras-, Gómez de Liaño habló de lo suyo: la Agencia Tributaria le había iniciado una inspección fiscal. Vade retro: ¡cómo era posible si el abogado no estaba entre los querellados del caso Banesto. Pidió, pues, que se paralizara la inspección.
El informe fue solicitado por García-Castellón a primeros de 1995, tras declarar Conde que Gómez de Liaño era su "administrador real". El 20 de marzo, la Agencia Tributaria lo aportó al juzgado.
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