Ceses en Educación

EL NOMBRAMIENTO de Fernando Tejerina como secretario de Estado de Universidades fue acogido con esperanza en los medios universitarios y científicos. Su experiencia como rector en Valladolid y su talante dialogante garantizaban un ámbito de consenso y de relación fluida con la Universidad en un ministerio que empezó pronto a manifestarse con declaraciones inquietantes y" medidas de corte claramente autoritario. Pero la presión de los sectores más duros y confesionales del PP, teñidos de ultraliberalismo, ha sido excesiva, y Tejerina y su equipo se han tenido que ir.La única justificación del cese dada por la ministra de Educación, Esperanza Aguirre, hace referencia a la propensión de Tejerina a consensuar con los rectores de las universidades reformas que llevan ya muchos años en cartera y que es urgente afrontar. Sobre estas reformas tienen los rectores opiniones definidas, producto de su propia experiencia docente. Pero la ministra entiende que la mayoría de estos problemas no incumben a los rectores, sino a las autoridades. Desde un punto de vista estrictamente legal lleva razón en muchos casos. Pero pocas instituciones como la Universidad necesitan de auténtica autonomía, hasta el punto de que. ésta es un derecho garantizado por la Constitución. El Consejo de Universidades fue creado para que se pronunciase sobre multitud de temas que les afectan, en algunos casos con carácter vinculante, y. en otros, consultivo. Esos dictámenes han sido generalmente respetados o, en. ocasiones, los puntos de desacuerdo han sido debatidos hasta alcanzar un acuerdo.

Las cosas no han sido así últimamente. Los casos de las universidades de Elche, primero, y las católicas de Ávila y Murcia, después, o la manera en que se ha aparcado una serie de iniciativas referentes a planes de estudios o selección del profesorado, han revelado un creciente distanciamiento entre el ministerio y la Universidad que puede terminar en enfrentamiento. Puesto ante una situación imposible, Tejerina ha preferido dejarlo, y es de temer que, tras su salida, se instalen en el área de Universidades maneras y actitudes ya presentes en otros departamentos de Educación y Cultura.

Los desvaríos en materia educativa llegan también a la enseñanza no universitaria. Si se cumple lo previsto, a partir del próximo enero, las 10 comunidades autónomas que todavía no tienen competencias plenas en esta materia las recibirán. Pero el Gobierno parece pretender que, junto con las competencias, en los próximos Presupuestos se transfieran únicamente unas partidas similares a las del austero ejercicio de 1997, sin recursos suplementarios para implantar todas las reformas legales previstas, en particular las derivadas de la LOGSE. Culminar un proceso de transferencias que afecta a cerca de dos millones de estudiantes no universitarios, de importancia vital para el futuro de la educación, y en consecuencia del empleo, crearía en esas condiciones dificultades casi insalvables a los afectados. El pronunciamiento de Aznar sobre la prioridad de la educación no deja de ser extravagancia populista a la luz de lo que hace Esperanza Aguirre.