Ya en 1982

EL DOCUMENTO del Gobierno Civil de Guipúzcoa fechado el 12 de enero de 1982 que hoy publica este periódico tiene un valor periodístico excepcional. Confirma, en primer lugar, que los planteamientos de guerra sucia contra el terrorismo etarra vienen de lejos y que tales métodos inadmisibles de actuación son anteriores a los que desgraciadamente se pusieron en práctica durante los años de gobierno socialista. El documento corrobora también que el PNV colaboró en la definición de estrategias que en su formulación teórica no parecen nada alejadas de lo que luego vino a llamarse documento fundacional de los GAL. El informe adjudica al entonces consejero del Interior del Gobierno Vasco, Luis María Retolaza, la sugerencia de que se lleve a cabo una "acción de destrucción o neutralización" de "los personajes claves y más negativos" del entorno de ETA.Bien está que a principios de 1982 el Gobierno vasco y el PNV se plantearan una colaboración con el Ministerio del Interior, al que aportaron, como recoge el documento, informaciones muy concretas y recomendaciones en algunos casos sensatas, como la de que el diálogo con ETA se llevara a cabo "con Txomin o alguno de su entorno".

El documento refleja un momento muy particular, muchas veces repetido a lo largo de los años y que se ha afrontado con políticas contradictorias, desde el Gobierno y también desde el PNV. Entonces y hoy el primer objetivo político de todos los partidos democráticos debe ser la erradicación del terrorismo por todos los procedimientos legales disponibles, tratando de buscar siempre el apoyo de la sociedad vasca, que ha rechazado sistemáticamente la apelación a la guerra sucia.

El Consejero del Interior del Gobierno vasco recomendó una acción contra ETA que suena a todas luces ilegal: la "destrucción" de los "personajes más negativos". El documento no demuestra que se llevara a cabo, pero sí que se consideró. Este tipo de planteamientos se dieron, desde instituciones del Estado, probablemente antes, entonces y después. La tentación, con 40 víctimas mortales de ETA al año en aquella época, era muy fuerte. Pero entonces y siempre es imprescindible desterrar unos métodos que quebrantan de forma gravísima los fundamentos del Estado de derecho y acaban conviertiéndose en una baza a favor de los terroristas.

Documentos de este tipo, algunos incluso más comprometedores, pueden acabar saliendo. Unos provenientes de instancias democráticas como era el Gobierno de UCD y el PNV; otros, de los sectores del Estado que se mantuvieron intactos tras el cambio de régimen. No se trata, en 1997, de reabrir las zonas más sórdidas de una transición que garantizó el arraigo del sistema democrático. Pero los crímenes cometidos no pueden quedar impunes y a ello deben aplicarse los jueces. En términos políticos, sería deseable que los partidos democráticos recuperasen el espíritu de colaboración institucional y ciudadana que refleja esa parte del documento que propone motivar a la población en su rechazo al terrorismo. Y que abandonen para siempre cualquier propuesta que evoque la guerra sucia.