El 'comando' dependía directamente del 'comité ejecutivo' de ETA en Francia desde el año 1987

Los cuatro presuntos etarras encarcelados ayer formaron en 1987 el comando Goierri, tras abandonar la actividad operativa. Siguiendo instrucciones de la cúpula de ETA, en concreto del dirigente José Luis Arregui Erostarbe, Fitti, montaron un taller dedicado a la fabricación de armas para la banda terrorista en la nave de Mondragón (Guipúzcoa) en la que el funcionario José Antonio Ortega Lara pasó cautivo más de 500 días. Las investigaciones policiales y judiciales confirman que el grupo desarticulado dependía directamente del comité ejecutivo de ETA en Francia.

Los activistas alquilaron en torno a 1987 la nave de Mondragón y crearon la empresa Jalgi C. B., cuya maquinaria fue financiada por la organización terrorista. El dirigente Fitti fue quien decidió que en ese taller se fabricaran armas y artefactos explosivos, tras lo que el también dirigente José Javier Zabaleta Elósegui, Baldo, les facilitó los planos para la construcción de granadas Jotake, lanzaderas de granadas y otros artefactos. El último invento fue un bomba rodante, de 14 centímetros de diámetro, en cuyo interior podía albergar unos dos kilos de explosivo.Durante el verano de 1988, los presuntos etarras construyeron bajo la nave un gran zulo [agujero secreto] destinado a guardar armas y otros materiales explosivos. Algunos de estos artilugios fueron posteriormente empleados en varios atentados en 1996 contra la academia de la Ertzaintza en Arkaute (Vitoria), contra los cuarteles de la Guardia Civil en Intxaurrondo y Ordizia y, finalmente, contra las pistas del aeropuerto de Madrid-Barajas, el 6 de enero de 1997, según fuentes jurídicas.

Este grupo pasó después a estar dirigido por Baldo, quien tras ser detenido en noviembre de 1990 fue sucedido en esta función por Jesús Arkauz Arana, Josu de Mondragon, quien presuntamente ordenó que este comando suministrara material a otros comandos que operaban en distintos puntos de la geografía, entre los que destaca Valencia.

Tras la captura de Josu de Mondragón, el responsable del grupo fue a partir de 1992 el dirigente Julián Atxurra Egurola, Pototo. Éste fue presuntamente informado por alguno de los ahora detenidos de que el zulo de la nave podría se utilizada también como cárcel del pueblo en la que mantener cautivos a personas previamente secuestradas.

Tras estudiar posibles objetivos, el comando decidió secuestrar en 1993 al industrial Ramón Knor Borrás, pero no lo consiguieron porque éste logró introducirse en su coche y escapar a tiempo, según Europa Press.

Sin desanimarse por ese primer fracaso, los etarras decidieron secuestrar el 5 de julio de 1993 al ingeniero Julio Iglesias Zamora, quien permaneció recluido en ese ataúd -como denominó él mismo al agujero de Mondragón- hasta que fue puesto en libertad el 29 de octubre, después de que su familia hubiera pagado el rescate.

El siguiente inquilino del agujero fue el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que el 17 de enero de 1996 fue trasladado desde Burgos a ese lugar de Guipúzcoa en un zulo portátil habilitado en una máquina transportada en un camión.

Los representantes de los medios de comunicación podrán visitar hoy la nave de Mondragón, que el ministro del Interior ha calificado de "rnuseo del horror", después de que así lo haya autorizado el juez Garzón.

La visita se llevará a cabo entre las nueve de la mañana y la una de la tarde, ya que el magistrado de la Audiencia Nacional sólo permite que la entrada de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión se prolongue durante un máximo de cinco horas.

Garzón ha accedido así a la solicitud que le cursó el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá. El juez, en el razonamiento jurídico en que da su conformidad, considera que así conjugan adecuadamente "el derecho a recibir información libre y veraz" y la "necesaria reserva de las actuaciones judiciales máxime cuando son secretas".

Una vez que ha concluido la práctica de las diligencias en la citada nave, Baltasar Garzón argumenta que concede el permiso "ante la trascendencia social que tienen los hechos relacionados con el terrorismo".