Bruselas quiere financiar la ampliación al Este sin aumentar el presupuesto de la UE

La inmensa mayoría de los miembros de la Comisión Europea apuestan por mantener los actuales techos de aportación de los Estados miembros en las próximas Perspectivas Financieras, el plan que fija las grandes líneas del Presupuesto comunitario. Eso gnifica que, si los Quince siguieran ese mismo razonamiento, España y el resto de los países que se benefician de la política de cohesión deberán compartir los actuales fondos estructurales con los nuevos socios. La Comisión Europea aprobará el 15 de julio su propuesta sobre las Perspectivas Financieras para el septenio 2000-2006.

Ésta es la primera batalla de una guerra que se prevé dura y larguísima. La propuesta de la Comisión, el llamado paquete Santer, no es vinculante para los Quince. Pero una propuesta tan conservadora como la que se vislumbra sería una victoria política de los países más ricos, reacios a aumentar sus aportaciones al presupuesto común.Las negociaciones durarán todo lo que queda de año y se prolongarán hasta bien entrado 1998. No se descarta que se demoren incluso hasta 1999, dada la polarización de las posiciones.

"Hay una clara mayoría de comisarios a favor de no alterar el actual techo de aportaciones del 1,27% del producto interior bruto (PIB) de cada país", declararon fuentes comunitarias conocedoras de los debates que se están suscitando estos días en la Comisión Europea. Eso significa que se mantendría el actual techo de aportaciones fijado en la anterior negociación para siete años, el llamado paquete Delors 2, en vigor hasta final de 1999.

Sólo los. comisarios más deloristas, los más cercanos al integracionismo y la defensa de la cohesión social que representó el mandato de Jacques Delors al frente de la Comisión Europea, defienden que ese techo se mantenga únicamente mientras no se amplíe la Unión y sea rebasado en el caso de que la ampliación requiera mayor aportación de fondos por parte de los socios.

Austeridad

Esos comisarios son los españoles Manuel Marín y Marcelino Oreja y el portugués Jovan Miert, representantes ambos de países beneficiarios de la política de cohesión junto a Grecia, y la italiana Emma Boninno. Padraig Flynn, el comisario del primer país de la cohesión que ha superado la renta media comunitaria, Irlanda, apenas apoya a sus antiguos amigos pobres.El resto del Colegio de Comisarios se alinea en favor de la más absoluta austeridad presupuestaria. Es el caso del presidente de la Comisión, el luxemburgués Jacques Santer, que sabe muy bien que ése es el deseo de los grandes financiadores de la Unión y muy especialmente la prioridad de una Alemania cada vez más condicionada por sus intereses nacionales.

Los más duros son los comisarios franceses -Yves-Thibault de Silguy y Edith Crésson- y el holandés Hans van der Broek. Holanda, un país que ganaba más que perdía en el trasiego financiero de la Unión, es uno de los socios más ahorradores desde que se ha convertido en aportador neto al presupuesto comunitario.

El principal problema para países como España es el temor a que, si se mantienen los actuales topes financieros, la ampliación al Este obligue a compartir con los nuevos socios el pastel de los fondos estructurales. Los países ricos consideran que queda margen suficiente para absorber la ampliación.

Se basan en tres datos fundamentales: el actual tope del 1,27% no se ha alcanzado nunca, y queda un margen de entre 10 y 12 centésimas para llegar al límite; la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y la revisión del Fondo de Cohesión generarán importantes ahorros, y, por último, la ampliación afectará de entrada a pocos países y su capacidad de absorción de ayudas comunitarias será muy pequeña en sus primeros años de pertenencia a la Unión.

Frente a esos argumentos de austeridad, los comisarios deloristas defienden la importancia de la cohesión y advierten que nadie sabe hoy cuántos países conformarán la ampliación y qué costes supondrá. Por tanto, lo lógico es que ese techo del 1,27% sólo sea válido para una Unión de 15 socios. Y exigen que pueda ser revisado al alza si la ampliación así lo requiere.

La batalla es también dura en lo que afecta a los fondos estructurales. Está garantizado que dispondrán, como hasta ahora, del 0,46% del PIB comunitario, por lo que en el periodo 2000-2006 alcanzarán 275.000 millones de ecus (más de 45 billones de pesetas). El problema es que el grueso de los comisarios quiere que ése sea un techo de gasto que no se pueda superar en ningún caso. España exige que, como hasta ahora, ése sea sólo el objetivo de gasto estructural.