Un ataque concertado desde distintos frentes

El ataque político iniciado contra PRISA por el Gobierno de José María Aznar desde su llegada al poder ha tenido dos ayudas inestimables: el acoso judicial, culminado ayer con el auto del juez Javier Gómez de Liaño, junto con un explícito apoyo mediático, centrado en medios como El Mundo, Época, Abc y la Cope, la emisora de los obispos. En este conglomerado, los nombres y los papeles de unos y otros se confunden: en algunos casos actúan como columnistas, pero en otros como socios del Gobierno en su plataforma digital y aún en una tercera pirueta son también acusadores populares en los tribunales.El Gobierno no ha dudado en legislar contra el Grupo PRISA, aun a costa de tener que pactar con el sector más duro de Izquierda Unida, y de ver cómo la Comunidad Europea rechaza con firmeza sus disposiciones sobre la televisión digital por antieuropeas. En su campaña contra PRISA ha logrado, también gracias a los votos de Julio Anguita, que se apruebe una ley del fútbol que dinamita todo el mercado de las exclusivas y tiene un fuerte contenido expropiatorio de los contratos firmados con anterioridad. El vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez-Cascos, ha sido el encargado por Aznar de dirigir los ataques contra PRISA, en los que no ha dudado en intentar menoscabar la credibilidad de EL PAÍS y de sus profesionales, o de inventarse la consigna repetida mil veces del "interés general" referido al fútbol.

En el ámbito judicial, el juez Javier Gómez de Liaño ha instruido una causa contra Sogecable plagada de incidentes. La Sala de lo Penal ha anulado una y otra vez -hasta cinco- las actuaciones emprendidas por Liaño contra Sogecable. La Sala ha calificado sus actuaciones de "irrazonables, innecesarias, desproporcionadas e inadecuadas", además de inconstitucionales. El informe de los peritos de Hacienda que él impulsó le señalaba que no existía delito alguno, y el Servicio Técnico de la Fiscalía General del conocía la inexistencia de delito alguno en la actuación de Sogecable. A pesar de todo ello, Gómez de Liaño dictó ayer el auto del que informamos en las páginas anteriores.

Para entender la magnitud de este acoso antidemocrático, es obligatorio denunciar las extrañas relaciones que coinciden en el caso. Así, la primera denuncia contra Sogecable aparece en la revista Época, que dirige Jaime Campmany, habitual columnista de Abc. El autor de la información, Miguel Platón, posteriormente nombrado por el Gobierno jefe de información de la agencia estatal Efe, tiene declarado que el informe lo realiza el presidente del Colegio de Economistas, Gerardo Ortega, y cita también los nombres de Rafael Pérez-Escolar y Ramón Tamames; dicho informe, según declara Ortega, fue encargado por "un secretario de Estado" del Gobierno Aznar del que no quiso decir el nombre. Pérez Escolar ha estado íntimamente relacionado con Mario Conde, y Ortega y Tamames trabajaron para el banquero en el caso Banesto. Jaime Campmany es el autor de la denuncia ante Gómez de Liaño -hermano de Mariano Gómez de Liaño, abogado y socio de Conde- con base única en el recorte de su revista, denuncia que casualmente cayó en manos de Gómez de Liaño: el hijo de Campmany está casado con la hermana de María Dolores Márquez de Prado, compañera sentimental del juez Liaño, a quien ha llevado todos sus recursos el abogado Antonio García-Trevijano, colaborador de El Mundo. A esta denuncia se sumó un abogado condenado por robo a un consejero de PRISA y que ayudó a fugarse a Ruiz-Mateos, y otro periodista de Época y El Mundo, Jesús Cacho, expulsado de EL PAÍS, conocido hagiógrafo de Mario Conde. Época y El Mundo son socios del Gobierno en la plataforma digital.

Estos son los hechos y los principales protagonistas de una operación sin precedentes en la democracia española para intentar acabar con un grupo de comunicación por su independencia ante el poder.