AENA acude al juez pagar evitar a la capítal 1.150 millones por Barajas

El Ayuntamiento de Madrid ha hecho cuentas: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), organismo dependiente del Ministerio de Fomento y que realiza las obras de ampliación de Barajas, debe al Consistorio 1.150 millones por el impuesto de construcción y obras. AENA se niega a pagar con el argumento de que la ley le exime. Alcobendas y San Sebastián, ayuntamientos también afectados por las obras, coinciden con el de Madrid en sus reclamaciones. Piden otros 513 millones en tasas. El asunto está en los tribunales.

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Tres Ayuntamientos (Madrid, gobernado por el PP; Alcobendas, por el PSOE, y San Sebastián de los Reyes, por IU) reclaman a Aeropuertos Españoles y Nave gación Aérea 1.663 millones de pesetas en impuestos municipales. Los consistorios recuerdan que AENA está realizando en sus respectivos términos municipales las obras de ampliación del aeropuerto de Barajas por valor de más de 30.000 millones de pe setas. En consecuencia, siempre según los -ayuntamientos mencionados, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea debe abonar las correspondientes tasas de construcción y obras. AENA se niega a pagar estos tributos. Argumenta que la legislación le exime de abonar las tasas municipales. De hecho, ha recurrido el cobro de los impuestos de Madrid y Alcobendas ante los tribunales.. Sin embargo, el concejal de Hacienda de Madrid, Pedro Bujidos, está dispuesto a cobrar como sea. "Vamos a por todas", dice.

Ley de Acompañamiento

La polémica sobre si AENA está exenta o no de pagar los impuestos de obras comenzó en el mismo momento en que el Ministerio de Fomento decidió ampliar las instalaciones aeroportuarias de Barajas. La construcción de nuevas terminales y de una tercera pista para descongestionar el saturado aeropuerto puso en guardia a los Ayuntamientos afectados.

Según Bujidos y el alcalde de Alcobendas, Manuel Aragüetes, AENA argumenta (para no pagar) la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, firmada el 31 de diciembre del año pasado. Esta ley exime, en su artículo166, a AENA de someterse "a los actos de control preventivo municipal". "Eso significa", según señaló ayer Bujidos, "que no necesitan licencia municipal, pero no que no deban pagar la tasa de construcción y obras".

AENA aduce además, para no abonar los tributos municipales, de los tres ayuntamientos, el artículo 29 de la Ley 5/90. En este artículo se indica que cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado u organismo autónomo dependientes de él y que "vayan a ser destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidraúlicas o saneamiento de poblaciones" no están obligadas a pagar impuestos municipales.

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid rebate esta argumentación recordando dos sentencias de los tribunales superiores del País Vasco y Canarias donde fallan que AENA es "un ente público de los denominados por doctrina como atípicos o apátridas, que no son ni (siquiera) organismos autónomos de sociedades estatales".

Por tanto, según los jueces, "tratándose AENA de un ente público con personalidad jurídica propia e independiente de la del Estado, dotado con un patrimonio distinto al de este último, con atribuciones conferidas legalmente en materia de aeropuertos, para elaborar, proyectar y ejecutar las inversiones en infraestructuras aeroportuarias, es el sujeto pasivo del impuesto de construcción y obras". Por tanto, AENA, según los tribunales, "no puede invocar válidamente la exención contemplada en el artículo 29 de la Ley 5/90".

Con estas premisas, el Ayuntamiento de Madrid reclamó hace unos meses 650 millones de pesetas por las primeras obras de Barajas: terminales, carreteras... "Les giramos el impuesto. Como no quisieron pagar, nos han lleva do a los tribunales. Ahora, por las obras de la tercera pista hemos levantado acta por valor de otros 500 millones. Me imagino que tampoco lo querrán pagar, por lo que también nos llevarán ante el juez", afirma Bujidos. .

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0023, 23 de junio de 1997.

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