Casi el 70% de los peruanos rechaza la política del presidente Fujimori

El autoritarismo de Alberto Fujimori agota su predicamento y pierden gancho popular los asaltos al Estado de derecho que condujeron al autogolpe de 1992, aplaudido por la mayoría de los peruanos, y a la desarticulación de las huestes de Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso, que promovía una nueva república sobre las cenizas de la anterior. Según las últimas encuestas publicadas en Lima, el rechazo de la gestión del presidente se acerca al 70%, el más alto desde su primera investidura, en 1990.

Los frecuentes ataques o manipulaciones de la legalidad vigente son percibidos ahora como ejecutados por Fujimori en be neficio propio, para despejar el camino hacia un tercer manda to, o indisolublemente uncidos a una personalidad imputada como dictadora o autoritaria.Registra esa abrupta caída en popularidad la encuestadora Analistas y Consultores, cuya muestra desaprueba en un 67,8% la administración del chino. "Es una caída aguda y con sistente, una pendiente demasiado continuada", observa Bernardo Vervojsky, director de la firma demoscópica. Por vez primera desde su aplicación como política de gobierno, el autoritarismo determina más que el desempleo o los bajos salarios, la opinión adversa en los sondeos.

El escrutinio de Datum Internacional refleja un rechazo del 66%. "Esta cifra, demuestra que el gobernante pasa el momento más crítico desde que asumió el cargo", piensa el español Manuel Torrado, gerente de la empresa, que preguntó también sobre la salud de la credibilidad presidencial: el 51 % de los consultados creen poco en la palabra del jefe de Estado, el 38% no le cree nada, y llegan por tan to al 89% quienes la ponen en duda. En abril, tras la reconquista militar de la Embajada japonesa, tomada por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el 70% de los encuesta dos apoyaba a Fujimori.

Abundan las causas del bajón, y nada pemite esperar un propósito de la enmienda en la conducta de Fujimori porque la mayoría parlamentaria refrenda sus deseos sin apenas espacio para el consenso, y porque poderes del Estado que debieran demostrar su imparcialidad la conculcan sometiéndose a las directrices del Ejecutivo. La destitución parlamentaria de los tres magistrados del Tribunal Constitucional que consideraron ilegal una nueva reelección, la campaña de intimidación es contra la prensa de oposición, y los turbios o cruentos episodios protagonizados en las mazmorras de los servicios del espionaje fueron elementos tenidos en cuenta por los habitantes de la capital peruana para calificar con tan baja nota a la Administración de Fujimori, que citan como "una dictadura".

Parlamentarios de una oposición que clama en el desierto y naufraga dispersa y directivos de la prensa no hipotecada han exigido, por otra parte, que se investigue la denuncia de la ex agente Leonor La Rosa, sobre un plan del Servicio de Inteligencia del Ejercito (SIE) para asesinar al periodista de televisión César Hildebrandt, quizá el más duro crítico de Fujimori. La Rosa fue torturada meses atrás por sus compañeros en el SIE, que la acusaron de haber filtrado información. "No puede seguirse aceptando amenazas contra los periodistas independientes, quienes mantienen una actitud de denuncia contra el Gobierno ante las constantes irregularidades que comete", dijo Ernesto Olivares, del Frente Independiente Moralizador.

Henry Pease, diputado de Unión Por el Perú (UPP), que lidera el ex secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar: "El país se estremece con el comportamiento mafioso del Gobierno fujimorista". Por su parte, Enrique Zileri, director del semanario Caretas, destaca que aunque no se clausuran diarios o deportan periodistas como en la dictadura militar, "ahora se usa la violencia como metodo de disuasión".