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Normas de obligado cumplimiento

Soledad Gallego-Díaz

La cumbre de Amsterdam ha dejado un gusto amargo y la impresión de que no corren buenos tiempos en Europa para los defensores de una unión no sólo monetaria sino también económica y política. Como en otros momentos de la historia comunitaria, se ha demostrado que cuando los países miembros experimentan una crisis provocada por factores externos (hace años la crisis del petróleo, hoy la de la globalización y su corolario de altos índices de desempleo) la reacción de los gobiernos tiende a ser insolidaria y desconfiada y que los heraldos negros de la renacionalización vuelven a asomar el penacho.Lo único que quedó claro en Amsterdam fue que los dirigentes políticos de la UE están absoluta y totalmente decididos a seguir adelante con la unión monetaria. Habrá o no acuerdo en otros temas, pero en lo que dependa (le ellos (el primer ministro francés, Lionel Jospin, incluido), el euro seguirá su marcha imparable. Y si nuestros dirigentes políticos no hablan más que de contabilidad, resulta muy difícil pretender que los ciudadanos introduzcamos otro tema de conversación. Nuestros líderes quieren que saquemos la calculadora y empecemos a tasar las cosas concretas que traerá aparejada esa gran revolución monetaria.

Hablemos, pues, de cosas concretas. Por ejemplo, de algo que se llama redondeo.

Pongamos que en la primavera de 1998, los ministros de Economía y Finanzas de los Quince deciden que el euro tenga un valor parecido a la actual unidad de cuenta europea: 165 pesetas por un ecu. A lo más tardar en enero de 2002, se supone que todos los contratos (incluidas las nóminas, las pensiones y las cuentas corrientes o libretas de ahorro) pasarán a traducirse a euros.

Una nómina de 172.000 pesetas supondría, en este ejemplo, 1.042 euros con 424 céntimos. Y por una pensión de 61.000 pesetas se recibirían 369 euros y 697 céntimos. Lo razonable será redondear estas cifras y, de hecho, todos los Gobiernos tienen ya previsto dictar una ley al respecto. Lo más seguro es que se utilice un mecanismo "neutro": redondear por arriba o por abajo según los decimales. En nuestro ejemplo, la nómina sería de 1.042,4 euros y la pensión, de 369,7. Es decir, en el primer caso habría perdido cuatro pesetas y en el segundo había ganado cincuenta.Pero una cosa son los contratos y otra, muy distinta, los precios. No hace falta ser un gran experto en marketing para darse cuenta de que no es lo mismo pagar "todo a cien" que "todo a 0,606". O que no es igual de atractivo que una camisa cueste en rebajas 1.999 pesetas o 12,1 euros. ¿Pasará todo a costar un euro, o medio? ¿Y la camisa, la compraré por 12 euros o por 12,5?

Quizás tienen razón quienes advierten que en vez reclamar una Constitución europea, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es estar atentos a los decimales.

Ya se sabe que hay cosas que son de obligado cumplimiento. Un juez no puede tomar decisiones injustas movido por sus intereses particulares o su manía persecutoria. Un cirujano está obligado, siempre, a contar las compresas que mete en una herida, para volver a sacarlas. Un conductor de camión no iniciará un viaje largo sin revisar el aceite y la presión de los neumáticos. Un periodista nunca, baje) ningún concepto y con ningún pretexto, manipulará al lector mezclando información sobre una rueda de prensa con sus opiniones particulares.

Para convertirse en ciudadano europeo -lo que casi empieza a confundirse con ser un consumidor europeo-, la única norma de obligado cumplimiento es, por el momento, llevar una calculadora en el bolsillo.

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