Los toxicómanos tendrán 750 nuevas plazas de metadona

Una de las promesas más inmediatas de las formuladas ayer por el Ejecutivo regional del PP se refiere a la droga. En dos meses, el Gobierno de Ruiz-Gallardón se ha comprometido a habilitar 750 nuevas plazas de metadona en los distritos de Usera y Villaverde. Este sustitutivo opiáceo se dispensará a través de cinco nuevos puntos de atención. Uno de ellos estará ubicado en un local del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). Se desconoce todavía si los otros cuatro serán situados en centros fijos o móviles (vehículos como el metabús). Otro de los compromisos es habilitar para estos distritos un nuevo isidrobús, un autobús que intercambia jeringuillas y ofrece preservativos y atención social a los drogodependientes.El presidente regional explicó que las nuevas plazas de metadona se habilitarán a través de un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid. La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Rosa Posada, precisó que en el proyecto también participará Cruz Roja.

En Madrid existen 2.400 plazas de metadona. Pero, según los responsables autonómicos, harían falta de 4.000 a 5.000. La Unión Nacional de Asociaciones y Entidades de Atención a los Drogodependientes (UNAD) eleva esa cifra hasta las 8.000 o 9.000. Al ser gratuita y prescribirse bajo control médico, la metadona reduce los problemas sanitarios de los drogodependientes y evita que delincan para conseguir dinero.

Otra de las promesas que más calado tuvieron en el vecindario es la de desmantelar antes de 1999 el poblado de realojamiento provisional de 72 prefabricados de Torregrosa (Usera). En estos momentos, sólo 12 de sus casas están habitadas. El resto de sus moradores las abandonaron durante el cerco policial de la semana pasada, ya que suelen utilizarlas para tráficar con drogas y no para vivir.

Responsables del Consorcio afirman que para derribar las casas vacías, como reclaman los vecinos, haría falta iniciar un expediente administrativo, ya que se trata de viviendas públicas arrendadas cuyo contrato no se puede rescindir sin demostrar una causa. Así que la solución acabará siendo el traslado de estas familias a otro lugar, ya que están incluidas en el censo de chabolistas de 1986, lo que les da derecho a un realojamiento.

Sólo si se descubren los bienes que poseen por la venta de droga -algo difícil al ser dinero negro-, quedan fuera de los planes de vivienda. El poblado estorba para los proyectos de regenerar la ribera del Manzanares por esta zona, para lo que ya hay dinero europeo. Además, en los alrededores hay numerosas pisos de precio libre en construcción.

Asimismo, la Comunidad ha prometido agilizar el desmantelamiento de las chabolas del Arroyo del Salobral y del gueto formado en la antigua fábrica de Boetticher y Navarro. El Salobral es una zona de huertos donde se han levantado unas doscientas chabolas, según el Consorcio. Su paulatino crecimiento preocupa en Villaverde. La concejal del distrito, Nieves Sáez de Adana, explica que ya se están iniciando los procedimientos judiciales para derribar chamizos. El caso del gueto formado por decenas de inmigrantes africanos y toxicómanas asentado desde el pasado verano en la antigua fábrica de Boetticher y Navarro en el cruce de Villaverde es más complejo. En él se vende droga, y buena parte de las mujeres que lo habitan ejercen la prostitución en el polígono industrial de Villaverde. Pero, al tratarse de una nave de propiedad privada, el desalojo lo deben pedir los dueños. Como la empresa cerró por quiebra, en estos momentos está en manos de tres síndicos que representan a los bancos y a los antiguos trabajadores. El lugar es el más sórdido de la ciudad.