El fiscal acusa a Gorriarán de haber intentado tomar el poder en Argentina
Enrique Gorriarán Merlo, el último histórico de la guerrilla latinoamericana de los años setenta y el hombre más buscado por el espionaje argentino durante un cuarto de siglo, detenido en octubre de 1995, aseguró ayer que nadie le traicionó y que fue secuestrado en una operación coordinada por Argentina y México, nación donde resultó apresado. "¿Ustedes creen que la gente es imbécil?", preguntó desafiante en el juicio iniciado el jueves pasado.
Ninguno de los hombres que el 23 de enero de 1989 asaltaron el cuartel de La Tablada se chupaba el dedo, precisó Gorrirán Merlo. En el juicio que se sigue contra él en la Cámara Federal de San Martín, El Pelado animó A los periodistas que le imputaban haber conducido a su gente a una carnicería: "¿Por qué no van y les preguntan a los presos que están en la cárcel de Caseros?".Durante las casi 48 horas de combate por la recuperación de aquel regimiento bonaerense murieron 39 personas y otras 70 resultaron heridas, entre guerrilleros, policías y soldados. La fiscalía acusó al procesado y a su esposa, Ana Sivori, de fraguar aquella frustrada ocupación para hacerse con el poder, no para defender la amenazada democracia de Raúl Alfonsín.
La segunda sesión, de la vista contra el autor del atentado que costó la vida en Asunción al dictador nicaragüense Anastasio Somoza, prófugo 25 años, protagonista de novelescas fugas y acciones terroristas después de la dictadura (1976-1983), continuó con la lectura de un sumario de 300 páginas. El ex jefe del trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), demacrado, adusto a veces, sonriendo otras al reconocer a algún amigo, levantando el pulgar en señal de victoria, se entretuvo buena parte de ese tiempo dibujando garabatos en un papel. Ana Sivori denunció a gritos la existencia de una farsa judicial y su condición de rehén político, y leyó un ejemplar de la Constitución como burla. "¡Que juzguen a los militares y a los corruptos!", exigió. Un fuerte dispositivo policial, con perros, acordonó el edificio donde se desarrolla el juicio, al que acudió Marcela Santucho, hija de Mario Santucho, quien fuera superior de Gorriarán en el ERIP hasta su muerte.
Antes de que la policía apartara a los periodistas, el acusado afirmó que los documentos manejados por el fiscal Mariano Kieguel eran "papeles secuestrados en allanamientos ilegales, sin testigos". El guerrillero no quiso responder a las reiteradas preguntas sobre La Tablada. "Hablaré sobre eso en el juicio", dijo.
