El Gobierno presionó a CiU para que aceptase acusar al PSOE de negligencia en su gestión fiscal

El Gobierno y el PP se emplearon ayer a fondo para arrancar de CiU lo mínimo que ya podían esperar de la comisión que ha investigado la actuación del anterior Gobierno socialista al frente de Hacienda. Con los votos a favor de los grupos nacionalistas y en contra del PSOE e IU-IC, la comisión ha concluido que existió "negligencia en la gestión" aunque con muchos matices. No se piden responsabilidades políticas por ello ni se dice que hubo trato de favor, y se asegura que a partir de 1995 -sentencia de la Audiencia Nacional- se tomaron medidas para agilizar los expedientes. CiU, además, advierte al Gobierno que "debe tomar conciencia" de que el Parlamento no avala sus acusaciones de amiguismo y amnistía fiscal.

La resolución concreta aprobada ayer por la comisión parlamentaria es la siguiente: "A pesar de los riesgos puestos de manifiesto a la Administración Tributaría, no se adoptaron medidas operativas organizativas o normativas por los anteriores responsables políticos del Ministerio de Economía y Hacienda y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaría para evitar los perjuicios patrimoniales para la Hacienda pública que se van a causar por la prescripción de un determinado número de expedientes, por lo que se aprecia en aquéllos negligencia en la gestión de los intereses de la Hacienda pública y falta de impulso político para tomar medidas que hubieran evitado tales perjuicios".Para llegar a esta conclusión, el Gobierno y el PP han tenido que convencer a sus socios de CiU, que en principio manejaban términos mucho menos duros, como "desacierto en la gestión" o falta de "diligencia". La posición de los nacionalistas catalanes estaba en cierto sentido comprometida con el Gobierno socialista, ya que fueron sus socios en la anterior legislatura. Gráficamente, el representante del PSOE Joaquín Leguina señaló que "CiU colaboró con el Gobierno anterior y ahora no puede admitir que eran una pandilla de pillos".

Durante los tres días en que la comisión ha' estado reunida para elaborar sus conclusiones, los teléfonos móviles de los diputados no pararon de sonar. En especial, el del representante de CiU, Francesc Homs, que recibió varias llamadas del secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa. Homs negó haberse sentido coaccionado por ello y explicó que su actitud desde un principio había sido la de intentar acercar posturas.

Reunión en Hacienda

Leguina aseguró que a primera hora de la mañana de ayer hubo "una reunión de altísimo nivel" en el Ministerio de Economía y Hacienda. En línea con este comentario, fuentes socialistas aseguran que los protagonistas de ese encuentro fueron el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, y el portavoz parlamentario de CiU, Joaquim Molins. Rato desmiente que se haya celebrado la reunión. Molins no pudo ser localizado ayer por este periódico.La resolución finalmente aprobada por el PP y sus socios nacionalistas y votada en contra por el PSOE e IU-IC -los representantes del Grupo Mixto no asistieron- va acompañada de otras que la suavizan considerablemente. Según explicó el presidente de la comisión, Jon Zabalía, no se ha decidido exigir responsabilidades políticas. Tampoco se da por seguro que la deuda finalmente prescrita ascienda a más de 200.000 millones de pesetas, ya que dependerá de las resoluciones que adopten al respecto los tribunales.Igualmente se dice que el anterior Gobierno adoptó medidas a partir de diciembre de 1994, cuando se publicó la primera sentencia de la Audiencia Nacional que quitaba la razón a Hacienda en cuanto a los plazos de prescripción. Con anterioridad, las sentencias eran contradictorias, por lo que hubo una "discrepancia jurídica". Es decir, que a partir de esa fecha no existió ni siquiera negligencia en la gestión. Y, lo que es más grave para el PP, la comisión no ha avalado su afirmación de que "hubo objetivas discriminaciones en beneficio, de determinados contribuyentes", tal como se recogía en sus conclusiones.

Con todo, el PSOE ha salido de este trance con el coste de una acusación de "negligencia", si bien ha conseguido desmontar la artillería pesada del Gobierno de José María Aznar, que de ninguna manera ha probado el "amiguismo" y la "amnistía fiscal encubierta" que achacaba a los socialistas, acusación para la que no logró el apoyo de sus socios. Éste es el coste de la operación para el Ejecutivo del PP, que Homs formulaba así: "El Gobierno debe tomar conciencia de que el Parlamento no ha avalado esas acusaciones".

Leguina lo expresó metafóricamente al señalar que "a este tigre se le han caído los dientes y se ha convertido en gato". El representante de IU-IC, Joan Saura, reiteró igualmente que aquellas acusaciones no han sido probadas por el Gobierno y que la cuestión se reduce a que el Ejecutivo anterior no tomó medidas a tiempo para agilizar los expedientes y mejorar el funcionamiento de la inspección. En opinión de Saura, hay una factura para ambos y es que "ha descendido la conciencia fiscal y ha cundido la idea de que aquí sólo pagamos a Hacienda los tontos".

El representante del PNV y presidente de la Comisión, Jon Zabalía, indicó que el objetivo de la comisión no era demostrar el amiguismo o la aministía fiscal del anterior Gobierno, sino calificar su gestión y proponer medidas para que el problema no se vuelva a producir. Zabalía añadió que hay un proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional y que ahí se habrá de determinar si existió o no un delito de prevaricación.