El Gobierno dice que "no puede permitirse excesiva concentración de poder en la sociedad"

"No se pueden permitir excesivas concentraciones de poder en el ámbito de la sociedad civil. La máxima sería que nadie puede tener más poder que el Gobierno legítimo de la nación". Así lo manifestó ayer el titular de Fomento, Rafael Arias Salgado, tras el Consejo de Ministros, al hilo de unas declaraciones realizadas horas antes por Jordi Pujol, en las que éste manifestó que le parece normal que un Gobierno límite el poder de los medios de comunicación. En esa comparecencia ante los periodistas, Arias-Salgado confirmó que el Gobierno ha decidido enfrentarse al comisario de Telecomunicaciones de la UE y que no va a permitir en su territorio un descodificador de televisión que no sea el multicrypt de Telefónica.Arias-Salgado basó su tesis favorable al recorte del poder de los medios dé comunicación en que en una democracia "si alguien tiene más poder que el Gobierno legítimo de la nación quiere decirse que ese grupo, que nadie vota pero que existe, puede nombrar y destituir gobiernos". El ministro ofreció como muestra la situación de Estados Unidos a principios de los años ochenta, cuando el Gobierno recortó el poder' de la compañía ATT, tras convertirse en "gigantesco monopolio de telecomunicaciones", dividiéndolo en seis compañías por decreto. [Cada una de las baby bells resultantes de la división de ATT son hoy casi tan grandes como la Telefónica española].

Recordó que durante aquel debate se afirmó que "nadie puede tener más poder que el presidente de los Estados Unidos". Arias se extendió en el ejemplo de la ATT: "Significa que tenía tal cantidad de dinero, tanta influencia en los procesos políticos que era un riesgo para el equilibrio de poderes en los Estados Unidos. Por eso, en los países más democráticos, cuando hay excesivas concentraciones de poder, se dictan leyes para dividir poder, para disminuirlo. No para suprimirlo".

Arias-Salgado citó a Estados Unidos, Reino Unido y Suecia como modelos de prácticas antimonopolio. "Las leyes antitrust y antimonopolio en los países más avanzados del mundo son durísimas" porque actúa un gobierno legítimo, que es el que los ciudadanos eligen". "El equilibrio en la sociedad civil pasa porque nadie pueda, con un poder autónomo, influir de manera decisiva en los procesos de decisión política, a través de las cámaras y tribunales".

A preguntas de los periodistas, el ministro de Fomento negó que la situación de Estados Unidos, con la ATT, pudiera trasladarse a España respecto al Grupo PRISA. "El Gobierno no está preocupado por ninguna situación en la que pueda haber abuso. Ese no es, ni mucho menos, el caso en la sociedad española", dijo.

No obstante, añadió que "una mayoría parlamentaria" constituida por el Partido Popular, Izquierda Unida (IU) y PNV han introducido dos leyes: la del descodificador "abierto" y la que garantiza "un partido de fútbol los domingos en abierto". A renglón seguido, aventuró una conclusión política: "Tratar de convertir eso en un conflicto político abierto es lo que ha dado impresión de lo que entendemos por una falsa crispación".

El ministro desveló también que había enviado una carta de respuesta al comisario europeo de Telecomunicaciones, Martin Bangemann, tras las críticas expresadas por este último en el Parlamento Europeo a la legislación del Gobierno español sobre descodificadores de televisión. Arias Salgado manifestó su "sorpresa" por la afirmación de que "el simulcrypt es abierto y el multycrypt no existe". Para él, "los organismos europeos de homologación han afirmado que el simulcrypt no es un sistema abierto y que el multicrypt es, por sí mismo, un sistema abierto y universal. Las afirmaciones del comisario no tienen el aval y el soporte técnico de ningún organismo europeo", aseveró.

En cuanto al expediente a España por infracción de la normativa comunitaria -anunciado por Bangemann en caso de que sea imposible un acuerdo entre los operadores españoles de televisión digital-, Arias-Salgado negó que la Comisión "pueda abrir un expediente de infracción a un Estado miembro de la Unión en función de que haya o no un acuerdo entre operadores privados. La ley española puede ser o puede no ser conforme a la legislación comunitaria. Ese juicio es jurídico y no depende que haya un acuerdo entre operadores privados".

Según Arias Salgado, el Gobierno no puede aceptar que se le obligue a permitir la introducción en España de un descodificador "cerrado" porque, según él, la directiva comunitaria los prohíbe. A juicio del ministro, España rompe el fuego y abre el debate en el seno de la UE. "La interpretación última la tendrá que dar el Tribunal de Justicia Europeo".

Al margen de la comparecencia del ministro, la agencia Efe difundió ayer una versión de la carta de Arias-Salgado a Bangemann que da una clara idea de la dureza del enfrentamiento del Gobierno con la Comisión. "Ni estamos ante una corrida de toros", le dice Arias-Salgado al comisario, "ni la función de la Comisión es dominar a ningún Estado, sino aplicar la legislación europea".