La fiscalía 'destapa' otro "gravísimo" vertido de gasolina a un acuífero.

De resultas de este vertido, añade el fiscal, "se ha producido un notorio riesgo para la salud de las personas que consumen o han consumido agua del acuífero". Según la fiscalía, "las afecciones que sufre el acuífero, tanto ambientales como sanitarias, pudieran ser irreparables". "Minimizar" los daños", agrega, "requiere un costosísimo esfuerzo económico".En opinión del fiscal, "un derrame de semejante entidad por fuerza debió de ser, si no realizado voluntariamente, sí advertido o conocido por los responsables de la empresa". A pesar de todo, "los responsables de la empresa no efectuaron actuación alguna para evitar o aminorar las consecuencias del derrame". Los dueños de la empresa, subraya el fiscal, han negado en todo momento "cualquier relación con el vertido, a pesar de la certeza del mismo".

Antonio Herrero, portavoz de la empresa de la gasolinera, indicó ayer que no tenía conocimiento de la querella, y menos aún de la fianza. "No tengo ningún escrito de ningún organismo oficial inculpándonos de contaminación alguna. Hace un par de años", dijo, "se hizo un control de los tanques por parte de una empresa homologada por la Comunidad de Madrid, cuyos resultados no revelaban la existencia de filtración alguna". Herrero se mostró convencido de que la filtración no procede en absoluto de la gasolinera: "De haber existido una filtración de la magnitud que se dice, nos habría arruinado".

En el escrito remitido al Juzgado de Alcobendas, donde se desarrollará la investigación judicial, la fiscalía demanda que se llame en calidad de imputados a los dueños de la empresa. Se trata de su presidente, Carlos Gil Martín, y de los consejeros delegados, Angel Herrero Muñoz y Antonio Herrero.

También pide el fiscal que sean citados, pero en calidad de perjudicados, "las empresas y personas afectadas" por este vertido, y que se ofrezca al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en cuyo término se enclava el surtidor y el acuífero, la posibilidad de actuar como particular.

La fiscalía reclama también al juzgado que designe como perito, para que elabore un informe sobre el grado de contaminación del acuífero, a Ramón Llamas, catedrático de Hidrogeología de la Universidad Complutense de Madrid. El fiscal quiere que, "a la mayor urgencia posible", el citado catedrático determine el alcance de la contaminación e informe "sobre las medidas correctoras que con urgencia hayan de establecerse".

La fianza de 1.000 millones de pesetas que exige el fiscal a esta empresa, en concepto de responsabilidad civil, tiene como finalidad garantizar la ejecución de los trabajos que se estimen oportunos para "restaurar" en lo posible el acuífero. En el caso de que no fuese abonada la citada fianza, bien con "carácter líquido o bien mediante aval bancario", el fiscal sugiere al juzgado que ordene "el embargo preventivo" del surtidor y "de todos, los bienes (cuentas bancarias y de explotación ... ) de la empresa Setor, propietaria de la estación de servicios investigada.

La fiscalía solicita igualmente que la empresa Setor elabore, con carácter de urgencia, "un proyecto para restaurar el acuífero", y advierte que si, por cualquier motivo, no lo hiciese, tal misión debe ser efectuada, en el plazo más perentorio posible", por la Confederación Hidrogáfica del Tajo "en el ejercicio de sus competencias".

La citada gasolinera de San Fernando y la de San Sebastián de los Reyes no son las únicas que se han visto implicadas en casos de filtraciones de hidrocarburante. En 1989, la gasolinera del Pinar de Chamartín fue cerrada 48 horas por una filtración de gasolina en la red de agua del Canal, que sembró la alarma en el vecindario.