El Tribunal Militar se basa en razones de "orden público" para juzgar a puerta cerrada a Perote

El Tribunal Militar Central cerró ayer a cal y canto la sala donde comenzó el juicio contra el ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid Juan Alberto Perote, acusado de un delito de revelación de secretos por el que el fiscal pide 10 años de cárcel. Por tres votos, contra dos, el tribunal decidió impedir el acceso de la prensa y del público a la vista oral, basándose en razones de "orden público" relacionadas con el "carácter sensible" del servicio secreto y la "protección de los testigos".

Curiosamente, fueron los tres vocales jurídicos del tribunal -el presidente, José Luis Rodríguez-Villasante, y los generales togados Diego Ramos y José Luis Lázaro- quienes se pronunciaron por celebrar el juicio a puerta cerrada, mientras que los dos: vocales militares -los generales Luis Carvajal y Blas Oliver- votaron en favor de que tuviera carácter público.El tribunal se amparó en el artículo 295 de la Ley Procesal Militar, que permite decretar el secreto de la vista "cuando así lo exijan razones de moralidad o de orden público". Para ello, hizo una interpretación extensiva del concepto de "orden público", ya que: el presidente del tribunal, en la explicación verbal de la resolución, que se incorporó al acta del juicio, se remitió al "carácter sensible" de la información manejada por el servicio secreto y a la necesidad de "proteger a los testigos", en su mayoría agentes o ex agentes del Cesid.

En realidad, la decisión era previsible, desde el momento en que el tribunal había decidido celebrar el juicio en su propia sede, cuya sala de vistas apenas puede albergar a una treintena de personas, renunciando a trasladarlo a otro lugar de mayor capacidad. El propio ministro de Defensa, Eduardo Serra, se desmarcó el viernes de esta medida mostrándose partidario de una política de "puertas abiertas", aunque también respetuoso con la decisión que adoptase el tribunal.

Protesta de los periodistas

A media mañana, el centenar de periodistas congregados desde primera hora ante la sede del tribunal fueron informados por un funcionario de que no se les permitiría el acceso a la vista oral. Poco después presentaron en el registro un escrito dirigido al presidente del tribunal en el que pedían a éste que reconsidere su decisión o que, "al menos, limite su alcance a aquellas fases del juicio en que la medida resulte absolutamente imprescindible".Los periodistas advirtieron también en su escrito que la medida "supone una restricción del derecho [a la libertad de información] que garantiza el artículo 20 de la Constitución", abona 11 el riesgo de que la información que transcienda del desarrollo del juicio sea parcial" y "puede alimentar la desconfianza de los ciudadanos hacia el funcionamiento de las instituciones, en este caso la Justicia militar".

En medio de este hermetismo, las primeras y fragmentarias noticias sobre el desarrollo de la sesión procedieron del abogado defensor de Perote, Jesús Santaella, quien se comunicó a través de un teléfono móvil con dos hermanos de su cliente, los también coroneles en la reserva José Antonio y Francisco Javier, que aguardaban en la calle.

La sesión de la mañana, que se prolongó durante cinco horas, se dedicó en su mayor parte a la resolución de las cuestiones previas; entre ellas, la petición de Santaella de que se suspendiera el juicio hasta que se resuelva su recurso ante el Tribunal Supremo, que fue desestimada.

Santaella argumentó que si la Sala Tercera anula, como es su pretensión, el acuerdo del Consejo de Ministros de noviembre de 1986 que declaró secretas la estructura, organización y fuentes informativas del Cesid, debido a que no se publicó en el BOE, quedaría sin base legal la acusación contra su cliente.

El tribunal también rechazó la pretensión de Santaella de que asistiera como observador a la vista un representante del Colegio de Abogados, con el argumento de el sumario incluye un informe de carácter secreto remitido por el Cesid en septiembre de 1995, que trata sobre el contenido de las microfichas.

El juicio propiamente dicho se inició poco antes del mediodía con el interrogatorio de Perote por parte del fiscal togado militar José Carrillo Colmenero. El coronel insistió en su versión de que se llevó "inadvertidamente" los papeles del Cesid, pero aportó, según su abogado, "alguna novedad muy importante" que éste no quiso revelar.

Perote llegó a las 9,15 de la mañana a la sede del tribunal, ataviado con uniforme de coronel de infantería y sin el mostacho que lucía cuando salió en libertad provisional de la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid) el pasado 19 de marzo.

También acudieron antes de iniciarse la vista la mayoría de los 29 testigos, entre ellos los ex directores del Cesid, Emilio Alonso Manglano, que llegó caminando y de paisano, y Félix Miranda, de uniforme y en coche oficial; así como el actual responsable del servicio secreto, Javier Calderón, en vehículo oficial, pero de civil.

Todos ellos, sin embargo, deberán regresar en próximas jornadas, ya que el interrogatorio de Perote consumió toda la sesión de la tarde. Al final de la misma, Santaella se sumó a las protestas de los periodistas y expresó "la profunda vergüenza que como letrado siento ante lo que considero una gravísima violación por parte de la jurisdicción militar de una garantía constitucional básica como es el derecho a un juicio público".