Estado del bastión

TRECE MESES después de su llegada a La Moncloa, el presidente Aznar, que acaba de definir a España como uno de los dos "últimos bastiones de la derecha en Europa", se enfrenta esta próxima semana a su primer debate sobre el estado de la nación. A juzgar por la comunicación, remitida a los grupos parlamentarios, su mensaje será el ya machaconamente repetido con ocasión del aniversario de su Gobierno: que con una economía que avanza a velocidad de crucero hacia la incorporación de España en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria no hay motivo alguno de inquietud para los españoles; y que si aparece algún síntoma de tensión, ello se debe a que los socialistas la provocan artificialmente. La diferencia con los discursos del aniversario es que la oposición tendrá ahora la posibilidad de replicar en directo ese discurso tan autocomplaciente. Pero no es descartable que los socialistas se encuentren en una relativa soledad al hacerlo: los nacionalistas más bien avalarán a Aznar, porque han conseguido amarrar sus principales contrapartidas al pacto de gobernabilidad, mientras las críticas que puedan llover por parte de Anguita siempre serán recibidas por la ciudadanía con el tamiz de haber visto cómo una y otra vez los comunistas prestaban sus votos al partido del Gobierno para sacar leyes tan controvertidas que ni sus socios naturales se atrevían a compartir.Tras subrayar los buenos resultados económicos y la garantía de estabilidad política derivada de los pactos con los nacionalistas, así como el buen clima social que ha hecho posible la reforma laboral, la comunicación del Gobierno concluye que "España se encuentra en un momento crucial y pleno de posibilidades", por lo que sería el momento "para el diálogo sincero y la búsqueda de acuerdos y posiciones comunes". Ciertamente, el proyecto europeo -sometido estos días a nuevas incertidumbres-, la amenaza terrorista y la culminación del proceso autonómico son asuntos, entre otros, que harían deseable un mayor consenso. La opinión moderada, bastante hastiada de tanta bronca, vería seguramente con agrado un apaciguamiento de las relaciones entre socialistas y populares; sin embargo, pocas cosas parecen hoy menos probables. Seguramente la responsabilidad es compartida, pero es el Gobierno, con La Moncloa de animador de los ultrasur, el que ha diseñado esa estrategia de acoso y derribo de los adversarios. A los populares, pues, les cabe la mayor responsabilidad.

Toda la oposición, excepto el aliado suplente del Gobierno, Anguita, ha apoyado la reforma laboral. Los socialistas han sido, en materia de lucha antiterrorista, razonablemente solidarios con Mayor Oreja. La responsabilidad en la falta de acuerdo en materia autonómica está bastante repartida. Pero no puede decirse que el PP haya hecho el más mínimo esfuerzo por favorecer el consenso que reclama. Los intentos de silenciar a los socialistas (9,5 millones de votantes) con referencias a su pasado revelan una incomprensión grave del papel de la oposición en los regímenes parlamentarios. Lo peor de las referencias intimidatorias al "horizonte penal de Felipe González" cada vez que éste abre la boca es que confirma la dependencia psicológica de Aznar y su estado mayor respecto al sector más demagógico e irresponsable de sus medios de comunicación.

La tendencia de algunos ministros a inventarse problemas donde no los había o a agravar los existentes, así como cierto afán por buscarse enemigos, son rasgos del Gobierno de Aznar que resultan desconcertantes para el electorado moderado: el propio y el de sus aliados nacionalistas. Descartada -ahora con más motivo, tras la experiencia de Chirac- la posibilidad de adelantar las elecciones para obtener la mayoría que las urnas le negaron, el partido del Gobierno ha dejado claro que está dispuesto a compensar esa debilidad con un uso abusivo del poder. Así lo demuestra Aznar un día sí y otro también en materias como la política de nombramientos (Fungairiño, López-Amor), utilización sectaria de los medios públicos de comunicación o intervención legislativa contra intereses de aquellas empresas privadas consideradas no afectas, tal y como se ha visto con el proyecto de televisión digital o con la ley del fútbol.

En estos aspectos, Pujol es más bien reticente, pero, tras el acuerdo sobre el Inem y el compromiso sobre la sanidad, es poco probable que se produzca un efectivo distanciamiento político durante el debate. Tampoco el PNV, conseguido el acuerdo sobre el concierto y el cupo, está interesado en acentuar las divergencias. Anguita sí se empeñará en hacerlo, pero su credibilidad es ya mínima. Así las cosas, el debate se presenta como un duelo en el que González tratará de alertar sobre el peligro -cierto y evidente- de recorte de las libertades, frente a un Aznar que intentará presentar a su rival como alguien aislado y movido sólo por el rencor.