La ley como arma de guerra

La inmensa mayoría de los españoles tienen que estar hechos un lío con la ley de los descodificadores y la que ya se conoce como ley del fútbol. Con tanta oscuridad en el fondo y en la forma, muchos deben pensar que se trata de una refriega lejana entre grupos mediáticos o entre éstos y el Gobierno y que vaya usted a saber el dinero y los intereses que están en juego. Otros querrán saber si la pelea es para que se dé más fútbol o menos fútbol por televisión, en abierto o como sea. Y algunos caerán incluso en la tentación de leer los textos literales de las dos leyes para captar la realidad del asunto. Mejor que lo dejen. Desde el punto de vista jurídico, las dos leyes en cuestión son dos engendros. Y su sentido profundo es muy sencillo y muy brutal: son dos chapuzas legislativas cuyo objetivo común es la venganza política del Gobierno contra los que considera enemigos suyos.Estas leyes no existirían si en la Nochebuena de 1996 las empresas Sogecable y Antena 3 no se hubiesen puesto de acuerdo para formar una sola plataforma digital y, junto con TV-3, para compartir las retransmisiones de fútbol por televisión. Aquel día fue la culminación de un largo contencioso y hasta aquel preciso momento el Gobierno del PP estaba convencido de que iba a aislar y a derrotar a Sogecable, empresa vinculada al Grupo PRISA, que el Gobierno consideraba y considera como un enemigo político.

El Gobierno estaba intentando formar otra plataforma digital con los que consideraba sus amigos, y contaba con que Antena 3 sería uno de sus miembros. Por ello, cuando le llegó la noticia del, acuerdo entre Sogecable y Antena 3 empezó a maquinar su venganza e inició una carrera de caza y captura que, de momento, ha llegado hasta las dos leyes de marras.

Lo primero fueron las amenazas del secretario de Estado y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, ya conocidas pero que hay que recordar una y otra vez. A través de tres destacados periodistas vinculados a Antena 3, el portavoz hizo llegar a Antonio Asensio expresiones tan suaves y amistosas como las de "gánster y mafioso", "vamos a ir a por él", "acabará en la cárcel", "de nada le van a servir sus guardaespaldas, porque el Gobierno tiene más", y amenazas como la de la posible expropiación de sus empresas, según consta en los documentos firmados por estos mismos periodistas y cuya autenticidad nadie ha podido negar.

La segunda medida fue la puesta en marcha de procedimientos judiciales contra Antena 3 y contra el Grupo PRISA. Un buen día, el fiscal general del Estado envió a la Fiscalía Anticorrupción un documento anónimo que acusaba duramente al propio Antonio Asensio. Poco tiempo después un periodista y un abogado, de triste pasado y triste presente ambos, hicieron llegar al juez Gómez de Liaño otro informe que incriminaba a los máximos responsables del Grupo PRISA y que dicho juez se apresuró a tramitar con la aparatosidad que todos recordamos. Luego se supo que dicho informe había sido encargado por un secretario de Estado y, vistos los antecedentes, no es difícil deducir de qué secretario de Estado se trataba, pues no creo que haya muchos que se puedan meter por su propia cuenta en este terreno. A todo ello se le dio la debida publicidad y TVE repitió un día sí y otro también la escena, previamente preparada, de la llegada de los señores Polanco y Cebrián a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez.

La tercera medida son las dos leyes en cuestión. No es nada difícil imaginar su gestación. El Gobierno y sus amigos se hicieron más o menos la siguiente pregunta: "¿Cómo podríamos fastidiarles y crearles problemas en el plano legal?". Y después de algunas vueltas encontraron la respuesta: "Les podríamos atacar por el lado de los descodificadores y por el de los derechos del fútbol en exclusiva". Dicho y hecho. Un primer proyecto de ley daba un plazo de dos meses a Canal Satélite para negociar su descodificador con una empresa que todavía no existía, con la amenaza de que si en este breve periodo no había acuerdo tenía que prescindir de su descodificador y adoptar otro qué no existía en el mercado. Y la segunda ley, la que se ha dado en llamar la ley del fútbol, obliga a Audiovisual Sport, la empresa formada por Sogecable, Antena 3 y TV-3, a abrir los contratos pactados con los clubes de fútbol, es decir, a romperlos, para que la empresa propiciada por el Gobierno, Vía Digital, pueda hacerse con ellos. Esto es lo que se llama la retroactividad. Se trata, pues, de dos leyes a la carta, con nombres y apellidos, dos leyes que van contra unos, considerados como enemigos por el Gobierno, y a favor de otros, considerados como amigos.

Esa estrategia en el plano legislativo tenía, sin embargo, una incógnita: ¿podría conseguir el Gobierno el apoyo necesario para hacer aprobar ambas leyes? Y aquí es donde entra en escena la última pieza del embrollo: Izquierda Unida, o, más exactamente, el grupo de Julio Anguita y sus seguidores, porque dentro de IU ha habido y hay serias divergencias en este asunto.

Cuando se discutió la ley de los descodificadores ya vimos por dónde andarían las cosas: aquella ley, rechazada por la mayoría de los grupos parlamentarios, se aprobó gracias a la pinza formada por el PP e Izquierda Unida. Hace unos días ha ocurrido lo mismo con la segunda ley, la llamada "del fútbol": todos los demás grupos parlamentarios se manifestaron en contra y todos con los mismos argumentos, con la excepción del Grupo Vasco, que, una vez conseguido lo que quería en el tema del concierto económico y el cupo, vota disciplinadamente con el PP. Pero otra vez funcionó el tándem PP-Izquierda Unida -con más dificultades que en el caso anterior, ciertamente, porque los diputados de Iniciativa per Catalunya votaron de manera distinta- y otra vez ha salido la ley adelante, tal como quería el PP.

Ésta es la pequeña historia de un asunto miserable. Aquí no hay interés general que valga, sino intereses particulares. Aquí no hay una visión global del asunto, sino una mezquina defensa de intereses amigos contra los que el Gobierno considera enemigos. Aquí no hay deseo de consensos parlamentarios, sino imposición autoritaria y afán de humillación, incluso contra los grupos que aseguran la estabilidad de un Gobierno sin mayoría suficiente. Por no haber, no hay ni siquiera el deseo de que los ciudadanos puedan ver más fútbol en abierto, como dicen los portavoces del Gobierno. Esto es imposible porque en España se han dado, con el sistema actual, más partidos en abierto que en toda Europa. Lo que de verdad quieren los amigos del Gobierno es dominar el sector de las retransmisiones en abierto y en codificado, expulsando a los actuales operadores e imponiendo su propio monopolio al amparo de una ley parcial y arbitraria. Y lo que de verdad quiere el Gobierno es destrozar a sus enemigos políticos.

Si en esta oscura tarea coinciden el PP y los partidarios de Julio Anguita es porque, más allá de las retransmisiones deportivas, ambos grupos tienen una misma visión de la política a corto plazo: se trata de destruir al adversario, de destruir a los partidos y a los líderes que les pueden volver a ganar, con Felipe González a la cabeza. Y para esto todo sirve, todo vale, incluso las retransmisiones de fútbol. Julio Anguita sigue pensando en una España articulada en torno a una derecha como la del PP y una izquierda como la suya y, de momento, ya ha conseguido dividir a los suyos y enfrentarse con los sindicatos.

La democracia se caracteriza por que todos los protagonistas que aceptan sus reglas actúan en un marco común y, por tanto, no hay enemigos, sino adversarios. Pues bien, el programa en el que coinciden hoy el PP y Julio Anguita y sus seguidores es exactamente lo contrario: es la transformación de los adversarios en enemigos a abatir. Por eso lo que hay de verdad en todos estos episodios es, pura y simplemente, una ruptura de las reglas de juego de la democracia y el angustioso descubrimiento de que aquella vieja derecha autoritaria e intolerante, que parecía haberse extinguido con los remolinos de la transición, levanta otra vez el vuelo con la ayuda insospechada de un sector de la izquierda también autoritario.

Olvídense, pues, de matices legales y de disquisiciones sobre la retransmisión en abierto o en codificado. Lo que hay aquí es, como decía, una chapuza legislativa basada en el fino principio jurídico de "éstos se van a enterar". Y, efectivamente, nos damos por enterados.