Las telecomunicaciones agudizarán la desigualdad social

Las nuevas tecnologías agudizarán las desigualdades sociales en el acceso a la información, según un estudio realizado entre expertos y responsables del sector. Opiniones y actitudes sobre las políticas de telecomunicaciones en España es un trabajo del departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, dirigido por Jacint Jordana. El estudio ha sido financiado por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.El objetivo del estudio era analizar las políticas públicas en el campo de las telecomunicaciones en España. El equipo realizó entre febrero y mayo de 1996 cien entrevistas a operadoras de servicios telefónicos, partidos políticos, administración pública, asociaciones empresariales, sindicatos, profesionales y usuarios.

La primera conclusión es pesimista: la mayoría de los expertos encuestados cree muy probable que se agudicen las desigualdades en el acceso a la información y que aumente la concentración de los proveedores de información.

El periodo de entrevistas -enero-mayo del 96- coge el último periodo de Gobierno socialista y, por tanto, la misma vitalidad del sector ha dejado desfasadas algunas preguntas y respuestas. Así, ni encuestadores ni encuestados previó el nuevo fenómeno de la batalla digital.

Jacint Jordana predice que en el futuro las batallas no serán sobre tecnologías sino sobre los contenidos y servicios que proporcionen. "El sector", dice Jordana, "desea que se marquen cuanto antes las reglas del juego para saber con quién jugar, cuándo y cómo. El sector tiene la sensación de que se está perdiendo mucho tiempo en regular y que las telecomunicaciones es un campo más de la lucha política, para gran disgusto de las empresas". El 41% considera que los partidos políticos han trabajado con objetivos confusos en sus intervenciones sobre el sector.

El 90% ve conveniente que el Estado fomente el uso de las telecomunicaciones en el sector productivo de la economía; el 60% es favorable a incentivar la investigación básica; pero sólo el 32% acepta el uso de recursos públicos para fomentar el uso de nuevos medios de comunicación personal.

El 65% apoya que el Estado intervenga para evitar el control extranjero de las principales empresas de telecomunicaciones españolas, algo que choca frontalmente con la Unión Europea y los acuerdos de libre comercio.