Roldán, en el banquillo

EL JUICIO contra Luis Roldán, el hombre que protagonizó el mayor escándalo de corrupción de los 13 años de gobierno socialista, empieza mañana. A la postre, no le han servido de nada ni su espectacular fuga ni la estrategia obstruccionista de sus abogados, que hasta el último momento han tratado de ganar tiempo con su fallida recusación del tribunal que va a juzgarle en la Audiencia Provincial de Madrid. La justicia es lenta, pero tiene el paso firme y contundente de un elefante. Roldán se sentará en el banquillo para responder de nueve delitos: malversación de caudales públicos, estafa, cohecho, falsedad y cinco contra la Hacienda pública.Se equivocaron de plano quienes restaron importancia a la rocambolesca detención de Roldán y auguraron que finalmente sería juzgado por sólo dos delitos menores, tal como pretendió el prófugo amparándose en los falsos papeles de Laos. Destacados dirigentes del PP alentaron, con el apoyo de su periódico consorte El Mundo, una gran polémica en tomo al caso Laos, que hoy mueve a la hilaridad.

Sobre la cabeza del procesado pesa una petición del fiscal de 32 años de cárcel, 29 años de inhabilitación y 3.500 millones de pesetas de multa. Las pruebas que sustentan estos presuntos delitos son incontrovertibles, a juicio de los que conocen el sumando. Según el ministerio fiscal, Roldán se apropió, "con la finalidad de enriquecerse ilícitamente durante el ejercicio de su mandato", de fondos públicos destinados a gastos reservados de los que disponía por razón de su cargo, y exigió importantes sumas de dinero a las constructoras por adjudicarles obras de la Guardia Civil. Estafó a dos empresarios de la construcción ofreciéndoles unos inexistentes servicios de seguridad en la autovía de Leizarán, amenazada por ETA, y defraudó a la Hacienda pública en los ejercicios del impuesto sobre la renta de 1988 a 1992.

Todo un rosario de delitos, a los que hay que añadir los 1.605 millones de pesetas que, producto de su botín, escondía en bancos suizos. Un dinero que hasta el momento ha conseguido poner a buen recaudo en lejanos paraísos fiscales, como informa hoy EL PAÍS. El acusado ha sugerido que su botín suizo estaba destinado a financiar al partido socialista, pero los peritos judiciales desmienten esa tesis. En sus cuentas ginebrinas sólo hubo ingresos, y las únicas dos salidas de dinero se destinaron a pagar la colección de pisos y chalés que acumuló durante su mandato. De cualquier forma, son los jueces los que tienen la última palabra.

En el caso Roldán fallaron todos los mecanismos de control que un Gobierno debe tener engrasados para vigilar los abusos y desmanes de sus propios funcionarios. Falló el Gobierno de Felipe González por designar para un cargo de tanta responsabilidad a una persona que se inventó hasta sus títulos universitarios; fallaron los servicios de información de la Guardia Civil, que no percibieron que su propio director general se estaba enriqueciendo a costa de la institución, y falló el Congreso de los Diputados, que creyó a pie juntillas la declaración de bienes que le enviaba.

Los Gobiernos deberían estar más atentos a los gestos de sus funcionarios. Y el anterior Ejecutivo socialista, especialmente en este caso, demostró una ceguera insuperable. David Watkins, director de la oficina de Administración de la Casa Blanca y amigo personal del presidente Bill Clinton, fue destituido en 1994 cuando se descubrió que había utilizado el helicóptero presidencial para trasladarse a un campo próximo a jugar un partido de golf. El gasto en gasolina no superaba las 300.000 pesetas. Roldán empleaba el helicóptero de la Dirección General de la Guardia Civil para uso personal de sus hijos y hasta para sus aficiones personales, según aseguran algunos testimonios. Pero a nadie del anterior Gobierno pareció extrañarle demasiado. El caso Roldán, por el que el PSOE ha pagado un alto tributo, debería servir al menos para evitar que se repita.