Expedientes y traslados
El 10 de diciembre de 1996, el entonces fiscal general del Estado, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, informó que había decidido trasladar al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, por falta de autoridad y abrir seis expedientes, cuatro sancionadores y dos de traslado, a los fiscales Ignacio Gordillo, María Dolores Márquez de Prado, Eduardo Fungairiño y Pedro Rubira por diversas irregularidades.Los expedientes respondían a una inspección ordenada dos meses antes por el propio Úrculo.
Aranda, con rango de fiscal de sala, fue trasladado de inmediato, pues así está previsto por el Estatuto del Ministerio Fiscal para las remociones de los fiscales jefes.
El trámite de los expedientes es más lento, pero el fiscal del Estado, aceptando el dictamen de la inspección, abrió expedientes de traslado para Gordillo y Márquez de Prado y de sanciones para los cuatro.
A pesar de que las propuestas de los instructores y del Consejo Fiscal instaban a los traslados y sanciones de tres a seis meses para los expedientados, Ortiz Úrculo sólo envió a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, la propuesta de trasladar a Márquez de Prado, pero no a Gordillo. Al mismo tiempo, sancionó a Gordillo y Rubira con un mes de suspensión de empleo y sueldo por emplear a alumnos en la elaboración de calificaciones, y con 50.000 pesetas de multa a Márquez de Prado y Fungairiño por ocultar un informe policial que debía haber sido aportado al sumario abierto por el atentado de ETA contra José María Azñar.
Las sanciones y el traslado fueron recurridos, aunque Úrculo instó a Mariscal a que trasladase a la fiscal. La propuesta supuso la destitución del fiscal general al tiempo que el Gobierno accedía a trasladar a Márquez. Las sanciones no se han ejecutado por el momento.
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