El Gobierno reta a la carrera fiscal al colocar a Fungaiño al frente de la Fiscalía de la Audiencia

MadridEl Gobierno nombró ayer fiscal jefe de la Audiencia Nacional a Eduardo Fungairiño, el sancionado líder del grupo de los fiscales indomables, en contra del criterio unánime del Consejo Fiscal, que echó por tierra su candidatura el pasado martes. El nombramiento fue precedido de una propuesta del nuevo fiscal general, Jesús Cardenal, que éste ocultó a los altos cargos de la fiscalía y que entregó a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, el jueves. Las dos asociaciones de fiscales reaccionaron ayer con "absoluta indignación", calificaron de "ilegal" el nombramiento y anunciaron que lo recurrirán ante el Tribunal Supremo. La entrega de la fiscalía a los indomables y la euforia desatada entre éstos tuvo como contrapunto un auto de la Sala de lo Contencioso de la propia Audiencia que da luz verde al traslado inmediato de la fiscal María Dolores Márquez

.El nombramiento de Eduardo Fungairiño como nuevo fiscal ajefe de la Audiencia Nacional, -en sustitución de José Aranda, será destituido por el anterior fiscal general del Estado, Juan Cesáreo Ortiz ürculo- cayó como una bomba en la carera fiscal después de que no obtuviese ni un solo voto a su favor en las tres votaciones a que fue sometida su candidatura en el Consejo Fiscal.

Miguel Colmenero, el presidente de la mayoriraria Asociación de Fiscales calificó como "el mayor ataque contra la independencia de la Fiscalía" y consideró "triste" que sea Jesús Cardenal, un fiscal de esa agrupación, quien apoye "una violación del Estatuto". Además, Cardenal había prometido consultar al Consejo Fiscal antes de proponer la persona que cubriría la vacante existante y no lo ha hecho.

En la carrera fiscal, tradiconalmente, se ha condierado vinculante el informe del Consejo Fiscal para que alguien sea ascendido a fiscal de sala del Tribunal Supremo, categoría requerida para ser fiscal de la Audiencia. Pero, además, el prestigio de Fungairiño ha quedado fuertemente mermado en los últimos años por su liderazgo en la sublevación contra el anterior jefe fiscal, José Aranda, que le llevó a ser expedientado y, finalmente, sancionado como autor de una falata grave.

Propuesta "clandestina"

El nombramiento tuvo como respaldo la propuesta del nuevo fiscal general, Jesús Cardenal, calificada de "clandestina" por los fiscales. Se la entregó el pasado jueves a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, quien la llevó ayer al Consejo de Ministros. Ni siquiera en la mañana de ayer dijo Cardenal una sóla palabra a los altos cargos de la Fiscalía que despacharon con él. Su jefe de prensa, Miguel Torres, que cesará esta semana según fuentes fiscales, tampoco tuvo ningún conocimiento anticipado.

A los pocos días de asegurar, en sus primeras declaraciones públicas, que el dictamen del Consejo Fiscal era "vinculante" para él, Cardenal elevó una propuesta en la que sostiene todo lo contrario: "Este fiscal general entiende que, en cuanto a la idoneidad de los candidatos, no han de considerarse vinculantes las conclusiones de ninguno de los informes a que se refieren los preceptos que se acaban de citar [artículos 13 y 14 del Estatuto del Ministerio Fiscal]".

Sin embargo, según el artículo 13.2 del Estatuto, corresponde al fiscal general proponer al Gobierno los ascensos "conforme a los informes de dicho Consejo Fiscal", lo que sólo cabe ser interpretado como que el dictamen del Consejo para ascender a Fungairiño a fiscal de sala, requisito para ser fiscal jefe de la Audiencia, es "vinculante".

La entrega de la Fiscalía de la Audiencia al grupo de los sublevados anticipa la probable dimisión del Consejo Fiscal y la impugnación del acuerdo por parte de los dos colectivos de fiscales, la Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Uno de los miembros del Consejo Fiscal, Pedro Crespo, de la UPF, anunció ayer su renuncia, que formalizará en la reunión extraordinaria del Consejo que se ha solicitado.

Crespo explicó que "no es razonable pertenecer a un órgano cuyas funciones están siendo menospreciadas por el Gobierno y por el propio fiscal general al hacer una aplicación e interpretación de una norma diferente a la que unánimemente y siempre se había hecho". "Aparte de eso", añadió, "dimito por responsabilidad ante los compañeros respecto a una decisión que tiene todos los visos de una ilegalidad manifiesta, dado que el artículo 124 de la Constitución encomienda a los fiscales la defensa de la legalidad".

Las dos asociaciones de fiscales recurrirán el nombramiento de Fungairiño ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo por estimar que el acuerdo del Gobierno es "absolutamente ilegal". Los dos colectivos de fiscales estudiaban en la tarde de ayer una actuación conjunta contra tal designación. Juan Carlos López Coig, fiscal de la UPF, explicó que el ascenso a fiscal de sala es "el único supuesto en que el informe del Consejo Fiscal es necesario y vinculante, a diferencia del resto de los casos, en que no lo es".

A su vez, el portavoz de la UPF, Carlos Castresana, insistió anoche en que el nombramiento de Fungairiño es "ilegal", que el Gobierno ha realizado "un acto contrario a Derecho" y que la actuación de Cardenal ha sido "insólita, clandestina y sin precedentes".

Por su parte, el propio Fungairiño, que asistía en Badajoz a unas jornadas sobre Derecho Penal, negó ser un "indomable" y calificó de "estéril" la polémica suscitada en torno a su nombramiento. En su opinión, cuando el Gobierno ha decidido nombrarle fiscal jefe de acuerdo con la ley, "bien hecho está".