Un informe de los peritos de Hacienda enviado al juez afirma que Sogecable no cometió delito

Un informe elaborado por los peritos de Hacienda designados por el juez Javier Gómez de Liaño, concluye que no existen indicios de que Sogecable incurriera en ninguno de los delitos objeto de la investigación abierta en el Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional. Los querellantes atribuyeron a la sociedad delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad y delito societario. Pero los inspectores de la Agencia Tributaria no aprecian la existencia deninguno de esos delitos. Únicamente en una de las conclusiones se menciona que con la constitución de Sogecable y el trasvase de las fianzas se pudiera haber incurrido en un ilícito administrativo que, caso de demostrarse, sólo merecería una multa.

El dictamen pericial, según personas que lo han visto, no contiene consideraciones jurídicas, puesto que los peritos no pueden sacar conclusiones sobre si los hechos se ajustan a los tipos penales o no. Pero los resultados constatados por los peritos de Hacienda, Ignacio Uceláiz y José Manuel Ríos, son concluyentes: no falta dinero; y la bajada de los tipos del IVA en 1983 se repercutió en los abonados de Canal +, como ya habían declarado varios consejeros de Sogecable. Sólo señalan que, de no haber incorporado el importe de las Fianzas al funcionamiento general de la sociedad, no se hubieran podido repartir los beneficios.El informe ha sido incorporado a la causa por el juez Baltasar Garzón, sustituto del titular, Javier Gómez de Liaño, que se encuentra de baja por enfermedad. Sin embargo, el dictamen no pudo ser consultado ayer por los abogados de Sogecable, a pesar de que el sumario no está declarado secreto más que para las diligencias que está realizando la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Judicial.

Sin jurisdicción

Garzón había dictado una providencia en la que acordaba la unión del informe a la causa y precisaba que quedaba "encima de la mesa para resolver". Esta fórmula se utiliza habitualmente por los jueces para darse tiempo para analizar el contenido del dictamen y decidir si solicitan aclaraciones, si piden nuevos análisis de otros extremos, o si dan traslado a las partes. Pero el informe no estaba en el juzgado. El juez Gómez de Liaño, a pesar de estar oficialmente de baja, y por tanto, sin jurisdicción, reclamó a la secretaria judicial el tomo en el que se encontraba el informe, por lo que la funcionaria le remitió el volumen requerido, dejando constancia del hecho en el sumario.Los abogados de Sogecable presentaron una protesta formal por lo que de hecho -que no de derecho- supone la ocultación a las partes de un informe que no está declarado secreto, y precisamente cuando Gómez de Liaño no tiene jurisdicción, puesto que el juez que actualmente se encarga del asunto, aunque provisionalmente, es Garzón. Previsiblemente, los letrados informarán de este hecho al Consejo General del Poder Judicial.

Gómez de Liaño ha mantenido un especial interés por el secreto de las actuaciones en este caso. El secreto fue decretado el 27 de febrero, dos días después de que admitiese la denuncia presentada por el director de Epoca, Jaime Capmany, y el mismo día que admitió la personación de los abogados de Sogecable, por lo que sólo el fiscal tuvo acceso al desarrollo de las investigaciones, como la declaración de Gerardo Ortega, autor del informe que a petición de un secretario de Estado estuvo en el origen del caso, o el informe preliminar de los peritos.

La sección segunda de la Audiencia, al resolver un recurso de queja planteado por los abogados de Sogecable, propinó un tremendo varapalo al juez. Tras revocar su decisión y levantar el secreto, indicaba al juez que entendía que la medida por él adoptada "no está objetivamente justificada, es irrazonable, innecesaria, desproporcionada e inadecuada".

Pesquisas policiales

El juez inmediatamente dictó un auto por el que decía acatar la decisión de la Sala, pero a continuación preguntó al fiscal si emprendía acciones contra los magistrados y demandó a la Policía que le informase por la vía más rápida posible de la incidencia del levantamiento del secreto en sus pesquisas, para volverlas a declarar secretas.El juez no ha levantado el secreto de la pieza de las investigaciones policiales, aunque así se lo ordenó la Sala, y además ha declarado secretas las diligencias futuras. Ahora ha impedido que los abogados conozcan el dictamen pericial.