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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Contra el soborno

LA PROPUESTA de la OCDE para combatir la corrupción en las transacciones económicas internacionales merece, en principio, una aprobación sin reservas. La organización trata con esta propuesta de restringir las prácticas colusivas, el soborno a los funcionarios del Estado o del sector público y la extensión de las condiciones de igualdad de contratación. La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que mantiene algunas competencias en materia de inversiones internacionales y movimientos de capitales, ha dispuesto que cada país miembro proponga antes del 1 de abril de 1998 las medidas legales necesarias para que sean perseguidos los funcionarios públicos que cobren comisiones y organizar, además, una convención internacional para armonizar los métodos para criminalizar este tipo de conductas.No es necesario caer en la ingenuidad para defender con firmeza la desaparición de las comisiones, mordidas, astillas o pagos indebidos a los servidores públicos a cambio de concesiones oficiales para "obtener o conservar un mercado", como lo define asépticamente la OCDE. Está claro que las autoridades de EE UU están presionando para concretar estas iniciativas en leyes, con la convicción de que la desaparición de este tipo de prácticas para la captación de mercados, que nunca es defendible, debe favorecerle como país con mayor capacidad de presión política y con enorme peso comercial.

Esta ventaja comparativa de Estados Unidos no debe impedir, pese a todo, la adopción de medidas para erradicar la práctica de las comisiones. Sería conveniente que en este gran acuerdo internacional previsto se incluyeran también aquellos países como China que, por su necesidad dé aumentar cuotas de mercado en sectores sensibles durante los próximos años, tengan la tentación de aplicar masivamente el cohecho. Si la transparencia del comercio mundial se enturbia con pagos incontrolados, los países democráticos corren el riesgo de que, al final, las mafias internacionales aumenten su capacidad de control sobre los Estados.

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