Suelo resbaladizo

LA REGULACIÓN del suelo ha sido labor tradicionalmente compleja en España. El proyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros en su última reunión responde a un deseo que es más fácil de enunciar que de realizar: liberalizar el suelo para, de esta forma, abaratar los costes de la vivienda. La orientación del proyecto parece insuficiente para cumplir tales objetivos.Una primera objeción que cabe hacer a la ley es de carácter legal. Aunque el proyecto trata de ajustarse -o así lo dice el Ministerio de Fomento- a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que niega al Estado competencia legislativa en materia de urbanismo, algunos artículos suscitan dudas razonables de inconstitucionalidad; por ejemplo, la fijación de un tope del 10% para las cesiones de suelo a los ayuntamientos, cuando la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en sentencia reciente sólo permite al Estado "fijar un criterio mínimo en punto a la recuperación por la comunidad de las plusvalías generadas por la acción de los entes públicos". Asimismo, es dudoso que el Estado pueda fijar el procedimiento concreto a través del cual ha de lograrse la transformación del suelo urbanizable, porque no es condición básica ni procedimiento común, según la citada sentencia.

La cesión de derechos por parte de los promotores de hasta el 10% promete convertirse además en una fuente inagotable de conflictos politicos. Resulta chocante que se establezca esa limitación máxima cuando algunas comunidades autónomas como Galicia y el País Vasco admiten una cesión de hasta el 15% del suelo. El recorte de las cesiones -que, al parecer, ni siquiera se ha coordinado con autoridades autonómicas de la misma filiación política que el Gobierno- resulta oneroso para los ayuntamientos, algunos de los cuales ya han protestado severamente.

Es posible también discutir el sentido general del proyecto. El Gobierno parece haber optado por potenciar la figura del propietario del suelo frente al modelo desarrollado de forma muy primaria por el Gobierno anterior, que pretendía potenciar la figura del urbanizador. Es evidente que no son los propietarios quienes proyectan y emprenden la tarea de urbanizar; en este sentido, estamos ante el riesgo de un paso atrás en la tímida ordenación urbanística que empezaba a extenderse por las ciudades españolas. La eficacia de esta ley, que se quiere tramitar de urgencia, sólo podrá comprobarse en el momento de su aplicación. Mientras, sólo cabe advertir de sus riesgos potenciales.