IU y PP impusieron a Leguina la subida salarial de 1988 declarada inconstitucional

La subida del 5% en las retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid para 1988, que ahora ha declarado nula el Tribunal Constitucional, fue aprobada en el pleno de la Asamblea gracias a los votos de los 32 diputados del Grupo Popular (entonces Alianza Popular), cuyo portavoz era Alberto Ruiz-Gallardón. Los socialistas, que gobernaban la Comunidad aquel año, votaron contra el incremento por considerarlo "inconstitucional". Pero su oposición fue inútil. IU -que llegó a pedir un 5,5% de subida-, AP y CDS aprobaron la medida.

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El Gobierno de Joaquín Leguina presentó a finales de 1987 unos presupuestos que establecían la subida del 4% en las retribuciones básicas de los funcionarios, la misma que había decidido el Gobierno de la nación. Aquel año, los socialistas habían perdido la mayoría absoluta en Madrid y dependían de los votos del CDS para sacar adelante sus propuestas.En el Parlamento regional de finales de 1987 había 40 diputados socialistas, 32 de AP, 17 del CDS y 7 de IU. Cuando se inició el debate presupuestario, el CDS presentó una enmienda para subir del 4% al 5% el sueldo de los funcionarios.

El Grupo Parlamentario Socialista se opuso con todas sus fuerzas a esta enmienda. Francisco Cábaco, portavoz socialista de Presupuestos, intentó convencer a la oposición de que el incremento propuesto era ilegal. "¿Qué se pretende a la hora de plantear una subida que no sólo va en contra de la decisión adoptada por las Cortes o por, el Gobierno de la nación, sino también en contra de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que ha declarado materia reservada de la Administración central el fijar la subida de las retribuciones básicas?", preguntó a sus contrincantes.

La oposición no atendió aquellas razones. El diputado centrista Carlos Alonso de Velasco le contestó: "Nosotros no creemos que haya que reproducir miméticamente las decisiones de la Administración central en las comunidades autónomas. Creemos en una autonomía real y profunda".

Los votos del CDS (17), que proponía la subida, eran insuficientes. Todo dependía del criterio del Grupo Popular, que con sus 32 diputados tenía en su mano la decisión final.

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Visión alicorta

Antonio Beteta, entonces diputado y hoy consejero de Hacienda, lo dejó claro en su intervención del 10 de diciembre de 1987: "Las razones aducidas por el diputado socialista son insuficientes, por la visión que tiene alicorta de lo que son las comunidades autónomas y la función que deben tener en la estructuración de lo que es nuestro país".Ya en el debate final, el 23 de diciembre de 1987, Beteta insistió: "Nosotros hemos apoyado reiteradamente la modificación del incremento de las retribuciones del personal laboral al 5%, por entender que con ello se daba satisfacción a una reivindicación del personal de esta comunidad autónoma".

El discurso no cambió el pasado domingo cuando un periodista, en una información de Abc, le comentaba a Beteta: "Leguina era muy aficionado a quedar bien con los sindicatos". El consejero le daba la razón: "Efectivamente, era muy aficionado a ponerse la ley por montera. Eso demuestra una vez más su craso error".

Cuando este periódico recordó ayer a Beteta su voto favorable a la subida, el consejero de Hacienda se defendió: "Cuando la aprobamos aún no se habían publicado los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, nuestra subida era legal. Cuando Leguina la aplicó, ya con los Presupuestos del Estado aprobados, era ¡legal. Era un acto del Ejecutivo, no del Legislativo". ¿Se arrepiente de aquella propuesta de subida?, preguntó EL PAÍS a Beteta. "Sí. El dictamen que tengo ahora, y que no tenía entonces, dice que era ilegal. Qué le vamos a hacer, no debemos mantener una postura que las sentencias han demostrado errónea", contestó. La sentencia no tendrá efecto, pues, según los técnicos regionales, ha prescrito al pasar más de cinco años.

El Gobierno de Ruiz-Gallardón se negó en diciembre a subir los sueldos porque los Presupuestos Generales del Estado imponían la congelación. El PSOE, que ahora está en la oposición, cambió su discurso de 1988 para exigir a Ruiz-Gallardón el incremento salarial.

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