Fuenlabrada y Parla, en la "lista negra" por elevar el sueldo a los funcionarios

El secretario general de la delegación del Gobierno en Madrid, Miguel Ángel Recio, dio ayer por hecho que los abogados del Estado tramitarán esta misma semana sendos recursos contra los Ayuntamientos de Fuenlabrada (164.000 habitantes) y Parla (69.800 vecinos) por subir el sueldo a sus funcionarios y no respetar la congelación impuesta por la Ley de Presupuestos este año. Ambas localidades engrosarán así una lista negra que ya integran, desde hace un par de meses, Alcalá de Henares, Alcorcón y Getafe. Todas las corporaciones afectadas por la actuación gubernativa ante el Tribunal Superior de Justicia están en manos del PSOE, salvo en el caso de Alcalá, donde gobierna en minoría el PP.La nueva ofensiva del equipo del delegado gubernamental, Pedro Núñez Morgades, se produce justo después de que se conociera una sentencia del Tribunal Constitucional que deja sin validez una subida salarial aplicada por la Comunidad de Madrid en 1988. El anterior presidente regional, Joaquín Leguina, elevó en aquella ocasión los salarios de los funcionarios por encima de lo estipulado en los Presupuestos Generales del Estado y por imposición de la oposición en la Asamblea, que sumaba más votos que el PSOE.

Recio se felicitó ayer del dictamen del Constitucional: "Supone la confirmación de que ahora estamos actuando en la línea adecuada". El secretario general recordó que fue un Consejo de Ministros socialista el que actuó, en 1988, contra Leguina. "Estas medidas deben adoptarse con independencia de colores políticos".

La maquinaria administrativa de la delegación mira ahora, una vez más, hacia los grandes municipios del sur. Los consistorios de Parla y Fuenlabrada recibieron el mes pasado sendos requerimientos gubernamentales para que anularan los acuerdos salariales de sus convenios, pero han hecho oídos sordos."Hemos dejado el tiempo prudencial; ahora sólo queda recurrir", resumía ayer Recio. Parla había alcanzado con los sindicatos compromisos de subir un 4,1% este año. En Fuenlabrada, el pacto hablaba de incrementos iguales al coste de, la vida. Los funcionarios fuenlabreños aún no han visto plasmada esta mejora en sus nóminas, si bien un portavoz municipal admitió ayer que se estaban buscando "fórmulas" para aplicar la subida con apariencia de legalidad.