La ley que define las competencias locales se atasca en Madrid y avanza en Barcelona

Consenso entre los grupos municipales de Barcelona para constituir su Carta Municipal frente al desencuentro ante la Ley de Capitalidad entre los representantes del PP en Madrid. Los textos que han de reflejar la singularidad de ambas capitales (definiendo sus competencias e ingresos especiales) van por caminos diferentes. Mientras los partidos representados en el pleno barcelonés (PSC, PP, CiU, IU-EV y Mixto) llegaron hace dos semanas a un acuerdo sobre su Carta Municipal, en Madrid el proyecto de Ley de Capitalidad lleva un año durmiendo en un cajón del alcalde.

En Barcelona, tras 10 años de tiras y aflojas, todos hubieron de ceder en alguna de sus aspiraciones, pero han conseguido entregar al Gobierno de la Generalitat un texto de 189 artículos que deberá servir como base al documento definitivo que deberá aprobar (tras su paso por el pleno municipal) el Parlamento catalán y luego el Congreso de los Diputados. Tanto la capital catalana como la madrileña tienen derecho a un régimen especial por sus especiales características desde 1957. Pero las leyes correspondientes promulgadas bajo la dictadura franquista no han sido de momento sustituidas por otras ya constitucionales."En Madrid somos especiales", zanjó el alcalde José María Álvarez del Manzano el martes pasado cuando se le preguntó su opinión sobre el acuerdo de Barcelona. El borrador del proyecto de Ley de Capitalidad, con 35 artículos, que le ha enviado la Administración regional lleva casi un año en su cajón. "Soy responsable de no contestar", asume.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Jesús Pedroche, suscribe el Madrid is different del alcalde. Pero añade que siente "envidia sana" por el consenso a que han llegado los políticos barceloneses: "Un mecanismo negociador ejemplar".

Pedroche reconoce que la Ley de capitalidad está "absolutamente parada". Le envió el borrador al alcalde en junio pasado. Sin embargo, espera que al fin esta legislatura dé a luz, tras 14 años, una ley cuya elaboración prevé el estatuto de autonomía de la Comunidad.

"Cualquier modificación, cualquier sugerencia del Ayuntamiento se va a aceptar..., menos la cesión de competencias urbanísticas", afirma Pedroche. Pero el alcalde no quiere una ley sin ellas.

En los 30 folios de que consta el borrador de la ley, además de otorgar al alcalde de Madrid el tratamiento vitalicio de "excelencia", se crea la figura del director de área, incompatible con la condición de concejal. Tal figura permite fichar a técnicos para dirigir las áreas.

También se crea un consejo de capitalidad (integrado por los presidentes de los Gobiernos estatal, regional y el alcalde). Este triunvirato tiene que resolver los conflictos entre las administraciones, coordinar el ejercicio de las competencias, determinar programas sectoriales de actuación entre ellas y determinar la cuantía de la compensación que recibirá el municipio por ser capital del Estado. Ésta se determinará, en principio, cada cuatro años.

Pero la ley no dice ni una palabra sobre la "justicia municipal" o la gestión conjunta de determinados servicios como ha acordado Barcelona. En el texto aprobado por los cinco grupos políticos catalanes se establece, entre otras cosas, que el municipio participará en la gestión del puerto y el aeropuerto y compartirá con la Generalitat mediante consorcios, las responsabilidades en vivienda, servicios sociales, cultura y educación. Además, han pactado solicitar el 5% del IVA recaudado en la ciudad y el 10% del impuesto de hidrocarburos.

Jueces municipales

Se crean, además, jueces municipales que resolverán litigios vecinales y pequeños delitos. Con respecto al urbanismo, también caballo de batalla entre el Ayuntamiento catalán y la Generalitat, los representantes municipales proponen crear un organismo paritario entre ambas administraciones que dará el visto bueno a todos los proyectos que modifiquen el Plan General. En el resto, el Ayuntamiento será autónomo. Hasta ahora, Barcelona dependía en muchos más asuntos de la Generalitat que Madrid de la Comunidad.Pedroche reconoce que en el Urbanismo reside una "parte importante del poder" político que puede ejercer la Comunidad. Y no quieren cederlo. Históricamente, las peleas entre ambos Gobiernos madrileños se han referido básicamente a problemas urbanísticos: el crecimiento (los nuevos barrios), de terminadas carreteras (por ejemplo, la M 40 a su paso por el monte del Pardo o la M 45 en Vallecas) o a determinados aspectos del Plan General. Con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula buena parte de los artículos de la Ley del Suelo, las comunidades autónomas ganan competencias frente a la Administración central. El Gobierno esta tal enviará en breve al Parlamento su proyecto de nueva Ley del Suelo. "A ver qué ley saca el Gobierno y cómo deja las competencias", dice el alcalde. Pedroche, por el contrario, considera que esa sentencia "despeja el camino": "El alcalde no va a reclamar las competencias urbanísticas después de la sentencia del Constitucional".

La oposición en el Ayunta miento no conoce el borrador. "No hay peor cuña que la de la misma madera", sentencia Paco Herrera, de IU, en relación a las disputas entre las administraciones del PP. "Pasaba lo mismo entre Barranco y Leguina", añade. Juan Barranco, del PSOE, aboga por un consenso en el seno de los partidos políticos. "No puede ser que luego, en el Congreso, te tumben la ley", dice el ex alcalde.