PSOE e IU acusan a Bermejo de dejar prescribir al menos 21 expedientes fiscales por 300 millones

La acusación de amnistía fiscal que el Partido Popular ha lanzado al PSOE se volvió ayer contra los propios populares. El actual director general de la Agencia Tributaria, Jesús Bermejo, dejó prescribir -si se aplica el criterio que defiende el partido que lidera José María Aznar- al menos 21 expedientes por un monto de 300 millones de pesetas durante su etapa al frente de la Unidad del Fraude Fiscal. Esta denuncia, basada en los listados remitidos por Hacienda a la comisión del Congreso que investiga el supuesto "amiguismo" del Gobierno socialista con determinados contribuyentes, fue formulada por el PSOE e IU-IC. Ambas formaciones plantearon también serias dudas sobre si 100 expedientes por importe total de 4.700 millones de pesetas, diluidos en otro listado, le corresponden igualmente a Bermejo, y no dudaron en pedirle que se vaya "para cerrar heridas".

El director de la Agencia Tributaria tiene una posición especialmente comprometida e incómoda en toda la polémica sobre la presunta prescripción de expedientes fiscales denunciada por el PP. Durante el Gobierno socialista, Jesús Bermejo fue responsable de la liquidación de un cierto número de expedientes como jefe de la Unidad del Fraude, y ahora se encuentra en la tesitura de demostrar que en la gestión anterior hubo el amiguismo, la negligencia y el mal funcionamiento de la Agencia Tributaria que denuncia el PP.Se da además la circunstancia de que la información relativa a los expedientes tramitados por él en su etapa anterior ha sido la última en llegar a la comisión del Congreso, casi cuatro meses después de haber sido reiteradas veces solicitada. Durante su comparecencia de ayer ante la comisión, Bermejo dijo en su descargo que su anterior puesto no era político y que no consideró relevante o prioritaria esa información. El diputado de IU-IC Joan Saura le reprochó: "Usted no es quién para determinar qué datos son o no importantes para el Parlamento".

Esa información ha llegado tarde y, a juicio de la oposición todavía es incompleta. Tanto Saura como la diputada socialista María Teresa Fernández de la Vega se quejaron de que los documentos entraran el jueves por la noche, cuando a la mañana siguiente Bermejo debía comparecer. Ello obligó a ambos a estar hasta altas horas de la madrugada estudiando esa documentación. En la comparecencia de Bermejo sólo estuvieron los representantes de PSOE, IU-IC y PP, pese a que era una de las más esperadas. Faltaron CiU, PNV y CC.

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De esos datos se desprende que en una primera etapa (enero de 1993 a julio de 1994), Bermejo dejó prescribir 21 expedientes por valor de 300 millones de pesetas. Es decir, pudo incurrir en la responsabilidad que el Gobierno del PP, y él mismo en calidad de actual director de la Agencia Tributarla, achacan al Ejecutivo de Felipe González. En relación con esa etapa, Bermejo alega que sólo estaba habilitado -de forma "anómala"- para liquidar expedientes y que se limitaba a firmarlos. El inspector jefe de la unidad se había jubilado y Bermejo asumió sus funciones, pero manteniendo el cargo que tenía. Dijo, además, que muchas actas ya estaban prescritas cuando él las liquidaba.Pero hay una etapa posterior (entre 1994 y 1996), ya con plenas competencias para la liquidación de expedientes, en que la actuación de Bermejo se diluye. Tanto el PSOE como IU-IC volvieron ayer a insistir en que falta esa información. Es más, señalaron que 100 expedientes por valor de 4.700 millones de pesetas incluidos en el listado de la Oficina Nacional de Inspección (ONI) corresponden en realidad a la Unidad del Fraude y, por tanto, a Bermejo.

Se basan en que los impuestos que generaron esas deudas son básicamente el IRPF y Patrimonio, por tanto de personas físicas, y que no corresponden a la ONI ya que ésta es responsable sólo del control de las empresas. Bermejo respondió que no se había considerado procedente separar las distintas unidades y que en la ONI también se investigan personas físicas -"contadas con los dedos de la mano", según ha podido contrastar este periódico- PSOE e IU-IC consideraron insuficientes estas explicaciones y no vieron a pedir a Bermejo el listado separado y una nueva comparecencia, a lo que éste accedió.

Pese a estas dudas, Bermejo se sentó junto al secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, en la rueda de prensa del pasado 14 de enero que generó todo el escándalo de la denunciada prescripción de expedientes fiscales. Además de crispar la vida política, las acusaciones de amiguismo, negligencia y funcionamiento caótico en Hacienda durante el Gobierno socialista han creado un clima de grave malestar y enfrentamiento entre los funcionarios de Hacienda. El diputado de IU-IC Joan Saura, "a título personal", pidió a Bermejo que dimita para "cerrar las heridas y solucionar el desaguisado".

Bermejo no negó la existencia de ese mal ambiente. "Los funcionarios están muy preocupados", dijo ante la comisión, "pero son muy conscientes de su profesionalidad. A pesar de los efectos negativos, de estar dolidos por haberse sentido involucrados, lo que yo he percibido es que están como una piña". Bermejo añadió que no se le deben pedir responsabilidades de algo de lo que, dijo, "yo era víctima". Se quejó de que en la Unidad del Fraude sólo tenía un ordenador "anticuado" y que incluso tuvo que pelear bastante para conseguir mobiliario. El PSOE también pidió su dimisión, algo que en principio no tenía previsto.

El secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, respondía ayer mismo desde Castellón. En su opinión, la petición de dimisión de Bermejo "es un disparate". Lo que está claro, dijo, es que el PSOE "ocultó información" durante el traspaso de poderes al PP "para eludir responsabilidades". Bermejo, añadió, es "un profesional de reconocido prestigio".