Los consumidores ahorrarán un billón de pesetas el recibo de la luz durante los próximos 10 años

Empresas y familias ahorrarán en los próximos 10 años un billón de pesetas en el recibo de la luz, según afirmó ayer el ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, al presentar la nueva ordenación del sector eléctrico. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que remitirá al Congreso por la vía de urgencia y que supone, a juicio del ministro, "una significativa liberalización en el funcionamiento de las actividades que afectan al suministro de energía eléctrica". En un plazo de 10 años, los consumidores podrán elegir libremente su suministrador.

La nueva ley introduce competencia en la generación y comercialización de energía eléctrica, e incluye la libertad de acceso a las fuentes de energía primarias para generar electricidad, con excepción del carbón nacional.El transporte y la distribución siguen regulados por la Administración, pero el proyecto introduce libertad de elección de redes de transporte y distribución, en un proceso gradual de 10 años. Serán primero los grandes clientes los que podrán elegir suministrador y paulatinamente esa libertad se extenderá a otros consumidores.

Según dijo ayer el ministro, el objetivo de la nueva ley es "compaginar la calidad del suministro de energía eléctrica con la consolidación de la rebaja de tarifas iniciada este año".

Piqué afirmó que en los próximos cinco años la rebaja de las tarifas, en su parte regulada, será del 15% en términos reales para las familias y del 30% para las empresas. Al final del periodo transitorio de 10 años la rebaja media final será de entre el 35% y el 40%. Es decir, se estima que el precio medio del kilowatio, que ahora es de 14 pesetas, será de 11 dentro de 10 años. Las nueve pesetas de coste de generación por kilowatio actuales serán seis cuando termine el periodo de transición. Para los pequeños consumidores, que tardarán en acceder a la elección de suministrador, se fija la tarifa máxima única.

La Ley establece la posibilidad de que comunidades autónomas y ayuntamientos impongan "recargos suplementarios sobre las tarifas en sus propios territorios" pata los consumidores que puedan elegir suministrador. "Pero tiene que quedar claro", dijo Piqué, "que no hay traslado de ese coste al conjunto del sistema, sino que tiene que estar afecto al territorio de la zona afectada".

El nuevo proyecto establece dos organismos, en forma de sociedades mercantiles, para la gestión económica del sistema, es decir casar las ofertas y las demandas y -por lo tanto fijar el precio del mercado, y para la gestión técnica. Cuando la ley entre en vigor no habrá, pues, precios prefijados por la Administración.

El proyecto mantiene la obligación de comprar carbón nacional para generar electricidad en una cuota del 15% de la producción. Eso supone en el 2005 un consumo garantizado de carbón de 13 millones de toneladas, frente a una producción actual de 18 millones. A este respecto, Piqué recordó que se ha firmado un acuerdo con el sector que supone una reducción de 7.000 empleos.

Para que el equilibrio financiero de las compañías no sufra por la adaptación a la competencia, se permite la recuperación del 50% del inmovilizado neto que resta todavía por amortizar. La ley recoge la separación jurídica entre las sociedades que generan, transportan, distribuyen y comercializan la energía, y modifica la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional.

Mapa catalán

La Generalitat de Cataluña, por otra parte, ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Industria y el grupo público Endesa sobre el nuevo mapa eléctrico catalán, según explicó ayer el consejero de Industria, Antoni Subirá. El acuerdo prevé que las dos eléctricas catalanas, Fecsa y Enher, controladas por Endesa, mantengan su personalidad diferenciada en el sector de distribución.Las dos compañías mantendrán sus activos hidraúlicos y unificarán "en una sociedad con personalidad catalana" sus activos de producción térmica. Los activos nucleares quedan agrupados en Endesa.