La Comisión Europea advierte a España por excederse en el pago de ayudas al carbón

España tiene un serio conflicto abierto en Bruselas en torno a las ayudas al carbón. La Comisión Europea insiste en que la financiación de las ayudas al carbón mediante la tarifa eléctrica "no responde a los criterios de transparencia y no discriminación". Pero el rapapolvo no acaba ahí. También ha informado que las ayudas pagadas por España a las empresas hulleras son superiores en más de 11.000 millones a las autorizadas por la Comisión entre 1994 y 1996, sin que se hayan exigido las medidas de ajuste como contrapartida. La Comisión pide explicaciones por tales incumplimientos y por los aumentos de producción subvencionada en 1996 y las previstas en 1997 que no se han comunicado.

El Ministerio de Industria tiene abierto un serio conflicto con la Comisión Europea en tomo a las ayudas públicas concedidas al sector del carbón. En una carta dirigida por Pablo Benavides, director de Energía de la Comisión, al representante permanente de España en Bruselas, aparecen los motivos del conflicto entre ambas partes, algunos de ellos de extrema gravedad, como es el caso del sistema de financiación de las ayudas públicas al carbón. El Gobierno defiende que tal financiación se haga mediante un recargo en la tarifa électrica, según la Disposición Adicional 21 de la Ley de Presupuestos de 1997. El recargo es actualmente del 4,8%) (unos 100.000 millones).La Comisión rechaza de plano tal método. En su carta, Benavides advierte que tal disposición "no responde a los criterios de transparencia y no discriminación a los que deben atenerse las ayudas". La misiva asegura que "la Comisión podrá pronunciarse formalmente sobre la compatibilidad de un mecanismo estrictamente equivalente con ocasión de la decisión motivada sobre las ayudas que España tenga la intención de conceder en 1997" y afirma que "España deberá, pues, proponer un sistema de financiación de las ayudas que responda a los principios de la decisión 3632/93/CECA".

Así pues, si la Comisión impone su criterio, el proyecto de ley de Reordenación del sector Eléctrico deberá modificar el sistema de recargo sobre la tarifa e imponer una financiación presupuestaria.

Pero no es ése el único problema. La Comisión detecta una desviación importante en las ayudas efectivamente pagadas para cubrir las pérdidas de explotación del carbón de acuerdo. con el programa de ayudas pactado por el Gobierno español y Bruselas. Según los cálculos de la Comisión, entre 1994 y 1996 deberían haberse pagado 149.794 millones de pesetas y se han pagado en realidad 161.247 millones. La Comisión solicita a España "que justifique debidamente las desviaciones en relación con los planes objeto de dictamen" y que le proponga las medidas correctoras necesarias".

De los casi 11. 500 millones de desviación que detectan las autoridades europeas, 9.593 se han producido en 1,996. Benavides. advierte que "España solo podrá ejecutar las ayudas Previstas tras la aprobación de la Comisión". Además, el director de Energía asegura que, si bien España ha concedido más ayudas que las autorizadas, "no ha exigido las medidas necesarias para la puesta en ejecución de los planes de modernización, de racionalización y de reestructuración a los que tales ayudas estaban condicionadas". Es decir, se han pagado para nada, sin contrapartida. "La Comisión considera, por tanto, que las condiciones no han sido respetadas".La Comisión "constata hechos contradictorios" en la ejecución de los planes de reestructuración minera para 1997. Así, cita que España cuantificó inicialmente para 1996 un volumen de producción sujeto a subvención pública de 17,181 millones de toneladas; sin embargo, en julio de 1996 esta producción subvencionada aumentó por decisión del Gobierno español a 17,810 millones. En 1997 vuelve a repetirse la jugada. Las entregas de carbón sujetas a los planes de reestructuración subvencionados que aprobó la Comisión eran de 16,618 millones; el mes de diciembre pasado, el Gobierno aumentó el cupo a 17,671 millones de toneladas y, según el texto del Plan 1998-2005 de la minería del carbón pactado con los sindicatos, se propone elevar tal cantidad a 18, 137 millones de toneladas.

Es decir, el Gobierno del PP ha roto la tendencia descendente de los cupos de producción de la minería de carbón sin aprobación previa de la Comisión. Benavides recuerda en su carta que "estos aumentos de cantidades de carbón asociadas a ayudas son contrarios a los principios de la decisión nº 3632/93/CECA" que si un Estado miembro desea introducir modificaciones en el plan "deberá informar de ello a la Comisión para que ésta pueda pronunciarse al respecto".