Precaria estabilidad
EL ÚNICO resultado tangible que se ha conocido de la reunión celebrada el viernes, durante más de cuatro horas, entre el presidente del Gobierno, José María Aznar, y el de la Generalitat, Jordi Pujol, es que no habrá cambios en la actitud de apoyo de la coalición Convergéncia i Unió al Partido Popular. El mantenimiento del apoyo a la gobernabilidad ha sido celebrado como un logro importante desde las filas populares, lo cual revela hasta qué punto se había deteriorado el clima de entendimiento entre ambas fuerzas en los últimos días. Fuera ruido, como dicen los populares, o fuera crispación, como aseguran los socialistas y los propios nacionalistas, el hecho es que una de las semanas más brillantes de la economía española de los últimos años -con buenas notas en Bruselas sobre la convergencia monetaria, un índice de inflación histórica y una nueva bajada de tipos de interés- ha quedado deslucida por acciones del Gobierno que nada tienen que ver con la política económica.Numerosos detalles de la reunión informan sobre las difíciles relaciones entre Pujol y Aznar. Es el caso de la urgencia de su convocatoria, pues, si bien fue presentada como una reunión ordinaria prevista para antes del verano, se trató de hecho de un encuentro adelantado en varias semanas ante la gravedad de la tensión política. También el protocolo utilizado, que no incluyó el saludo de cortesía de Aznar en la puerta de La Moncloa. O la duración de la conversación, que revela la extensión y profundidad de los desencuentros. Y la reserva sobre el tema central, la crispación política fomentada desde el Gobierno, que dio pie a todo un ejercicio de discreción a cargo de Pujol, evitando pronunciar una sola palabra de más. La única excepción, que nuevamente revela la magnitud del enfado, fue el desmentido de Pujól a un teletipo de la agencia Efe en el que se aseguraba que creía la versión de Miguel Ángel Rodríguez, y no la del presidente de Antena 3, Antonio Asensio, sobre el caso de las amenazas de aquél a éste.
La reunión no aportó progresos en ninguno de los numerosos puntos de desacuerdo entre la formación catalana y los populares, a excepción del despliegue de los Mossos d'Esquadra como policía de tráfico, en sustitución de la Guardia Civil, algo que se daba por acordado. No hay acuerdo en la financiación de la sanidad. No lo hay en la ley del fútbol, en la que el Gobierno quiere quebrar el principio de no retroactividad de la ley para expropiar los derechos de retransmisión de competiciones deportivas a las empresas que tienen contratos cerrados con los clubes. Tampoco lo hay en el conflicto entre el PP y CiU sobre la unidad entre las variantes de la lengua catalana.
Pujol exigió a Aznar que le facilite el mantenimiento de su apoyo hasta la aprobación de los Presupuestos de 1998, para poder llegar al examen de la convergencia económica y monetaria en la primavera del año próximo en las mejores condiciones posibles. Entre las facilidades que pide Pujol se cuenta el desbloqueo de todos los puntos de desacuerdo, por lo que, de hecho, acaba de abrirse un periodo de negociación cuyos resultados serán definitivos para la aprobación de los Presupuestos de 1998. Para la coalición catalana, cada día es más difícil explicar a su electorado la conveniencia de apoyar al Gobierno, porque no consigue obtener resultados incluso en uno de los puntos de los pactos de investidura, como es resolver el déficit sanitario. Tampoco facilita las cosas a Pujol la percepción que tiene su electorado de que el PNV y el PP cierran acuerdos con suma facilidad frente a las perennes dificultades en las negociaciones con el socio teóricamente imprescindible que es CiU.
Además, los populares toman distancia en cuestiones que no están en los pactos, pero son centrales para el Gobierno catalán, como son la política lingüística y la unidad de la lengua catalana, el futuro de la televisión autonómica TV-3 y el clima de crispación. Sería absurdo que José María Aznar invirtiera los términos del pacto de investidura con los nacionalistas catalanes y que intentara hacer recaer sobre ellos las responsabilidades por la ruptura de un acuerdo de la que el causante fuera el Gobierno. Las actitudes de algunos dirigentes del PP y la utilización de una fuerza política peculiar como Izquierda Unida para aprobar las leyes que no gustan a CiU apuntan en esa dirección.
De ahí que el presidente catalán no pueda admitir la eventualidad de un chantaje de Maastricht, consistente en forzarle a aceptar del PP que aplique su programa oculto -o de la mayoría absoluta que no obtuvo- con el auxilio de Anguita y, en caso contrario, responsabilice a CIU de los peligros derivados de las derrotas parlamentarias del Gobierno. Con la buena marcha de la economía y con la garantía de apoyo parlamentario de CiU, el Gobierno de Aznar lo tiene fácil si quiere cosechar el éxito político y a la vez hacer un buen servicio a los españoles. Y esto es gobernar con el programa de investidura pactado, sin concesiones a quienes desde su interior o desde algunos apoyos mediáticos le piden juego sucio o abusos de poder. Esto, y no otra cosa, es lo que las urnas le dijeron a Aznar el 3 de marzo de 1996.
