La ley y la guerra en el fútbol

La Ley del Deporte de 1990, que alcanzó un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas, inició el camino de la reforma del sector deportivo profesional con el objetivo de corregir tanto el endeudamiento recurrente de los clubes (esencialmente de fútbol) como la vinculación del Estado en la financiación de las deudas.Hay que reconocer que en el tiempo de funcionamiento de la ley, y aún con la creación de nuevas estructuras, como las sociedades anónimas deportivas o la Liga de Fútbol Profesional, no se ha producido la verdadera transformación en este sector. No han conseguido la suficiente solvencia en sus propias estructuras colectivas ni el equilibrio en sus diferentes economías para afrontar seria y razonablemente la gran expansión en la que se han visto inmersos de forma muy rápida. Estos antecedentes, junto al interés comercial que el negocio del fútbol espectáculo va a alcanzar para la puesta en marcha de la televisión digital, desencadenarán no pocos conflictos, cuya expresión más reciente es lo que el verano pasado hemos conocido como la guerra del fútbol. Tener los derechos de emisión y retransmisión del fútbol se convierte en un objetivo estratégico de primer orden para los operadores que aspiran a poner en marcha la nueva modalidad del pago por ver.

La primera parte de la guerra, que divide a los clubes y sociedades anónimas deportivas en dos bloques diferenciados en función de con quién han comprometido sus derechos de retransmisión, acabó con un inesperado acuerdo entre las partes más enfrentadas: Canal +, Antena 3 y Televisión de Cataluña, y en consecuencia del conjunto de los clubes de fútbol.

Sus consecuencias más apreciables han sido el sobredimensionamiento económico de los derechos de retransmisión y un nuevo varapalo para la Liga de Fútbol Profesional como organismo de representación colectiva de los intereses del sector.

La segunda parte ha llegado hasta el Parlamento de la mano del Gobierno del Partido Popular y a través de la denominada Ley Orgánica Reguladora de Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y Acontecimientos Deportivos, aunque todo el mundo la denomina ley del fútbol, porque a nadie se le escapa que la verdadera intención de esta ley es materializar la intervención en el fútbol, y más concretamente en las retransmisiones habituales de los partidos de Liga, para invalidar contratos y acuerdos firmados que han dejado en mala posición a la plataforma digital impulsada por el propio Gobierno en lo que afecta a oferta futbolística.

El primer soporte para justificar laley y la intervención ha sido la teoría del interés general y el derecho a la información.

El derecho a la información es incuestionable, pero desde luego no es una novedad de la ley, circunstancia que han reconocido no sólo los servicios jurídicos, sino el conjunto de los grupos parlamentarios, al quitarle el. carácter orgánico con que la había presentado el Gobierno.

El interés general es un concepto muy amplio y que abarcaría en todo caso otras cuestiones formativas, culturales, sociales o políticas y otros deportes o sectores portes o sectores del mismo, cuya difusión en abierto habría que salvaguardar y equilibrar desde una perspectiva más global y no sólo teniendo en cuenta la atracción del fútbol sobre las audiencias. Parece lógico, por ejemplo, aplicar el criterio de interés general o interés público para garantizar la difusión en abierto de los Juegos Olímpicos, de campeonatos mundiales, europeos, o de acontecimientos de relevancia excepcional. Pero no parece lógico querer aplicar este criterio precisamente a las competiciones regulares de fútbol, que mantienen por tradición una clara situación de ventaja consolidada en lo que afecta a sus retransmisiones en abierto. En estos momentos se están retransmitiendo por este sistema uno o dos partidos semanales, más las competiciones europeas más la Copa del Rey. Los datos de programación en el conjunto de las televisiones en la actualidad nos indican que sumando noticias y retransmisiones deportivas, más de un 80% se dedica al fútbol, seguido por el baloncesto, ciclismo o tenis, mientras que algunos deportes o el deporte femenino no alcanzan ni el 5%. Nos encontramos, pues, ante un debate falso sobre la protección del interés general, cuando el verdadero conflicto en la regulación se sitúa en el pago por ver, que poco tiene que ver con el interés general y mucho con los intereses comerciales de las plataformas digitales.

El proceso de implantación de estas nuevas tecnologías en lo que afecta a retransmisiones deportivas debería hacerse guardando el necesario equilibrio entre las competiciones y partidos en abierto, los partidos en codificado y las retransmisiones en la nueva modalidad de pago por ver, garantizando por un lado la estabilidad económica de los clubes y sociedades anónimas deportivas, por otro lado una oferta suficiente y de calidad de fútbol abierto para los usuarios, y finalmente la posibilidad de reequilibrar la oferta hacia otros deportes. No contemplar seriamente estos aspectos y proceder a regulaciones precipitadas podría significar:

1. Agravar la situación de otros sectores económicos que se han visto afectados negativamente por el fútbol televisado, como el sector de cines, teatros y restaurantes, y también de otros deportes que, con la prioridad del fútbol, ven en seria dificultad sus necesidades de difusión y promoción;

2. Recuperar una especie de intervención del Estado en determinadas manifestaciones de carácter profesional que la Ley del Deporte del 90 había contribuido a clarificar, comprometiendo directa o indirectamente en esta aventura dinero público. Los recursos públicos en el deporte deberían destinarse mayoritariamente a que el conjunto de la población tenga acceso a la práctica deportiva, mejorando las infraestructuras y los programas de promoción deportiva.

No podemos olvidar que el fútbol profesional se financia con los ingresos obtenidos por la asistencia del público a los estadios o por la publicidad y explotación de los derechos de emisión y retransmisión.

Los derechos de retransmisión ya negociados superan globalmente los 200.000 millones y los niveles económicos de los clubes de fútbol han variado de forma importantísima. En esta temporada se han superado los 30.000 millones en fichajes y 60.000 millones de presupuestos globales. Lo mejor que el Gobierno podría hacer para salvaguardar el "interés general" es no asumir ningún riesgo en estas operaciones y mantener la tendencia ya iniciada de autonomía en las estructuras de fútbol para que asuman los riesgos de su propia gestión.

A través de un procedimiento de ley orgánica el Gobierno ha pretendido intervenir sobre los acuerdos adoptados, que podrían cuestionarse en algunos de sus contenidos, pero su precipitación ha significado un proyecto coyuntural y con un tratamiento técnico-jurídico muy deficiente. Sirve como referencia que a un proyecto de ley de seis artículos se han presentado, además de dos enmiendas a la totalidad, 98 enmiendas de modificación. Ha recibido serias advertencias del conjunto de los grupos parlamentarios, incluidos los que apoyan al Gobierno, en el sentido de introducir elementos de racionalidad para no convertir este debate en una dura lucha de intereses.

El Gobierno está, por tanto, obligado a reconducir la situación hacia un proyecto que inicie la solución del conflicto, conjugando favorablemente: la seguridad jurídica, la pluralidad y concurrencia entre los diferentes operadores, la suficiencia financiera de las sociedades anónimas deportivas sin participación del Estado, los intereses de los usuarios y la protección al conjunto del sistema deportivo.