El juicio por el 'caso Filesa' comenzará en el Supremo el próximo 1 de julio

El juicio del caso Filesa sobre presunta financiación ilegal del PSOE comenzará el 1 de julio con la vista de las denominadas "cuestiones previas" durante las sesiones que sean necesarias y después se suspenderá hasta el 3 de septiembre, en que. comenzarán las sesiones del proceso. Entretanto, la juez del caso Urralburu dio ayer por cerrado el sumario por el presunto cobro de comisiones ilegales entre 1988 y 1991 por parte de Gabriel Urralburu, ex presidente de Navarra, y Antonio Aragón, ex consejero de Obras Públicas, en la adjudicación de infraestructuras públicas. Ambos pertenecían al PSOE cuando se cometieron los hechos.

La Sala Segunda del Tribunal Su premo ha aceptado un total de 52 testigos de los más de 484 pro puestos por las partes, y ha dado un plazo de cinco días a las acusa ciones de José María Ruiz Mateos y el constructor Christian Jiménez para que indiquen las razones para solicitar los testimonios de Felipe González y Alfonso Guerra. La Sala Segunda del Supremo dictó ayer el auto de admisión a prueba, en el que ha cribado gran parte de la prueba testifical pro puesta por las partes, "no sólo por problemas organizativos sino también por evitar una alarga miento innecesario del juicio oral". En consecuencia, el alto tribunal se ha visto obligado "a prescindir, como siempre acontece, de las pruebas innecesarias, inútiles, repetitivas, intrascendentes o imposibles".

Entre éstas, el tribunal menciona las declaraciones propuestas en solitario por las acusaciones, y de modo especial las solicitadas por Ruiz Mateos y Christian Jiménez -que han presentado una lista de hasta 329 testigos-, y las del Par tido Popular.

Según la Sala Segunda, las pe ticiones de los dos empresarios y el PP "además de no estar justifica das, ni siquiera tímidamente justificadas en ninguno de los dos casos, en referencia a algunos testigos se limitan a nombrarlos por los apellidos, o a requerir la presencia de representates legales de empresas, que, en distintos su puestos, coinciden con los propios acusados o con testigos ya pro puestos anteriormente, cuando no tienen nada que ver con las presentes actuaciones, dado que di chos representantes no son los mismos que ejercían tales funciones en la época a la que se contraen los hechos ahora enjuiciados".En cuanto al testimonio de Felipe González y Alfonso Guerra, propuestos por Ruiz Mateos y Christian Jiménez, "ante la inconcreción del escrito de proposición de prueba", el tribunal les require para que en término de cinco días, indique ' las razones que en su opinión justifican su comparecencia. "La misma suerte debe correr", prosigue el tribunal, "la petición del PP en cuanto a la petición de la prueba anticipada consistente en libramiento de comisiones rogatorias a distintos países, peticiones que fueron rechazadas a lo largo de la instrucción".Respecto a las pruebas documental y la pericial que consta en la causa, la Sala Segunda señala que no tiene nada que oponer a su admisión, ni tampoco a los nuevos dictámenes periciales propuestos por las defensas.

El inicio de las sesiones está previsto para el 1 de julio, con 26 procesados por presuntos delitos de malversación de caudales, delito fiscal y otros. El tribunal examinará estas cuestiones previas durante el verano e iniciará los interrogatorios de los acusados a partir del 3 de septiembre.

Entre los testigos aceptados por la Sala Segunda figuran los banqueros Epifanio Ridruejo (directivo del BBV) y Alfonso Escámez, (ex presidente del Banco Central), el responsable de la campaña electoral del PSOE en 1989, Ramón Moreda Luna, y el contable chileno Carlos van Schowen, que denunció los hechos al no recibir una cantidad de dinero por la realización de unos informes.

El tribunal estará presidido por José Augusto de Vega, presidente de la Sala Segunda, e integrado por los magistrados Ramón Montero y Luis Román Puerta Luis.

Entretanto, en Pamplona, la titular del Juzgado de Instrucción número 1, Marisol Alejandre, notificó ayer el auto de conclusión del sumario del caso Urralburu, desarrollado en su mayor parte por el juez Juan Manuel Fernández, a las 16 partes personadas en el mismo, en el que también están involucrados varios ex directivos de empresas constructoras y algún familiar de los acusados. Las acusaciones tienen un mes para estudiar los 48 tomos del sumario y elevar sus escritos antes de que las defensas presenten a la sala los respectivos alegatos de defensa, para lo que tendrán otro mes de plazo. Se prevé que el juicio se celebre en el último trimestre de este año o en el primero del próximo.