Unió pide "ajustes constitucionales" para lograr la reforma del Estado

Unió Democrática propone "ajustes constitucionales" y la modificación de una decena de le yes para reformar el Estado y adecuarlo al carácter plurinacional de España. Entre esos ajustes figuran la derogación de la prohibición de federación de comunidades autónomas y el reconocimiento a la Generalitat de la capacidad de veto sobre determinadas disposiciones del Gobierno central. El componente democristiano de la coalición CiU dio a conocer ayer los documentos que aprobará a fínales de mes en una conferencia nacional extraordinaria destinada a defínir su modelo de Estado.

Tanto Unió como Convergéncia Democrática se aprestan a definir su estrategia para negociar con las fuerzas políticas mayoritarias españolas un pacto de Estado que reconozca a todos los efectos el carácter de Cataluña como nación diferenciada, de tal forma que pueda coexistir en el seno de un Estado plurinacional- y asimétrico. Se trata del "segundo cohete" reivindicativo que anunció Jordi Pujol meses atrás.Este pacto de Estado implicaría también una relación bilateral en materia financiera que otorgara a Cataluña un régimen semejante al concierto vasco. Para Unió, por encima del mapa autonómico (17 comunidades más Ceuta y Melilla) existe otro con cuatro naciones diferenciadas: Cataluña, País Vasco, Galicia y la nación castellana.

Los democristianos defienden que el Estado español responda a una triple naturaleza: confederal, es decir, plena soberanía en todo aquello que afecte a la identidad de cada nación (lengua, cultura y derecho propio); federal en materia económica, financiera y fiscal, y autonómico, pero no simétrico, en todo lo demás.

Entre otras propuestas, figura que el juramento que prestan el Rey y el Príncipe heredero ante las Cortes refuerce el carácter del jefe del Estado como garante efectivo de los derechos de los pueblos.

La plena soberanía en materia de cultura y lengua deberá tener su reflejo en la política estatal e internacional (Unesco, Unión Europea, etcétera). Así, cuando la Generalitat interponga recurso de inconstitucionalidad o promueva conflictos positivos de competencias al Estado en relación con leyes o disposiciones que afecten a cuestiones básicas de identidad, la impugnación deberá provocar la suspensión de la eficacia de la disposición recurrida hasta que el Tribunal Constitucional diga lo contrario.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debería ser la última instancia judicial en relación con los actos y disposiciones dictados por la Generalitat y los ayuntamientos, y respecto a la lengua, el derecho propio y la cultura catalana. Por otro lado, el Parlamento autónomo debería poder proponer a las Cortes candidatos para el Consejo General del Poder Judicial, y designar una parte de los jueces o magistrados que integran la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

En materia fiscal, Unió propone el acuerdo o pacto bilateral entre la Generalitat y el Estado para que se conceda a Cataluña soberanía fiscal que le permita la recaudación de los impuestos del Estado pagados en su territorio y se determine el importe a pagar al Estado en concepto de gastos generales.