Como cualquier país democrático

Israel justifica la aplicación de "presión física moderada" con variados argumentos, uno de los cuales es que se defiende como lo hacen los países democráticos. El primero de esos argumentos es que zarandear violentamente, privar de sueño y otras técnicas no constituyen tortura. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos replican que la Convención contra la Tortura de la ONU, que Israel ratificó en 1991, define la tortura como "cualquier acto por el que de forma intencionada se inflige a una persona dolor o sufrimiento severo, sea físico o mental" para obtener información o una confesión.El siguiente nivel de justificación es que Israel se enfrenta al terrorismo en un grado inusual, y por ello no puede ser benigno con un detenido que puede saber de una "bomba de relojería", término con el que los israelíes se refieren a actos violentos a punto de ser cometidos. Los abogados del Estado y los jueces del Tribunal Supremo argumentan que son satanizados de forma injusta por el resto del mundo, ya que hacen lo que cualquier país democrático haría en similares circunstancias, sólo que intentan hacerlo bajo algunas directrices y controles oficiales.

El pasado noviembre, en un caso que alcanzó considerable notoriedad tanto dentro como fuera de Israel, el Tribunal Supremo emitió una orden contra el interrogatorio violento de un prisionero para levantarla al día siguiente a petición del Shin Bet [los servicios secretos interiores]. Durante la audiencia, los magistrados presionaron al abogado del detenido para que declarara si permitiría 'que se torturara a un prisionero si éste conociera cómo parar una bomba a punto de estallar. Cuando el abogado objetó, el juez Mishael Cheshin le espetó: "Esa es la postura más inmoral y extrema, que he oído en mi vida".

"Nos encontramos en una situación de terror, las bombas estallan a nuestro alrededor, tenemos qué usar la fuerza, y por esta decisión pagamos un gran precio", dice Shai Nitzan, adjunto al fiscal general.