Más del 90% de las denuncias por aborto son de novios despechados y maridos separados

La orden de ingreso en prisión de dos ginecólogos en Barcelona ha desatado los teléfonos esta semana en las clínicas que practican abortos legales. "¿Me pasará algo a mí?", preguntan muchas mujeres que no se sienten del todo amparadas por la ley. Porque el aborto, al ser un delito fuera de los tres supuestos despenalizados, se presta a que sean denunciadas por novios despechados o maridos en proceso de divorcio que quieren la custodia de sus hijos. Según las clínicas consultadas, ésta es la vía del 90% de las denuncias, aunque luego son archivadas en su mayoría por los jueces.

Es verdad que las denuncias no han sido muchas desde que entró en vigor la despenalización parcial del aborto, en 1985. Pero las suficientes, dicen los médicos, para crear un estado permanente de inseguridad entre quienes deciden interrumpir su embarazo. La clínica Dator, de Madrid, donde se practica cerca de un 60% de todos los abortos legales de esta comunidad, según sus responsables, ha recibido en 10 años entre 70 y 80 requerimientos judiciales por otras tantas intervenciones. "Todas de maridos y novios", explica Victoria Virtudes, portavoz del centro.Las historias son todas parecidas a la que motivó el proceso que terminó en condena de los ginecólogos del Centro Médico Aragón, de Barcelona, Rolín Julio Robles y Guerrit Jan Bosma, pendientes aún de su ingreso en prisión: un marido con desavenencias conyugales decide denunciar a su mujer, que abortó tras quedarse embarazada a pesar de llevar un DIU. Los resquicios de la ley permitieron que esta circunstancia no se considerara dentro del primer supuesto legal para abortar que contempla la salud física o psíquica de la madre.

Salud de la madre

En España el 98% de los abortos legales se realizan en clínicas privadas. Y de ellos más del 90% se justifican en este primer supuesto, al que recurren novios y maridos. "En el caso de los maridos, es curioso", dice Victoria Virtudes. "Cuando su mujer abortó, las acompañaron a la clínica e incluso pagaron la factura, y años después, si están en un proceso de divorcio, las denuncian sólo para conseguir quedarse con los hijos. Su argumento es que una madre que aborta, que asesina, no es una madre responsable".

Para rizar el rizo de la venganza, el caso que afectó a otra clínica en Mérida. Su única denuncia por ahora, en cuatro años de funcionamiento. "En este caso, un hombre denunció a su ex mujer, de la que estaba separado hacía tiempo, por acompañar a abortar a la hija de ambos de 16 años", explica una de sus portavoces. "Todos los que conocemos son iguales; o por venganza o por hacer la puñeta", agrega.

Los novios. Uno, madrileño, sembró de pintadas el barrio de su novia meses después de haberla acompañado a abortar, sólo porque ésta le iba a dejar. Después de la publicidad, la denunció, cuenta Victoria Virtudes. En una clínica de Las Palmas fue el padre del novio el que acudió a los tribunales contra una joven "para reclamar el derecho de su hijo, que quería tener el niño", explica el doctor Juan Reyes, del citado centro.

Reyes y Virtudes coinciden en que en la gran mayoría de los casos las denuncias no van a ninguna parte. "Los jueces las archivan", dice Reyes. "Los jueces son conscientes de que es un arma que utilizan estas personas contra la mujer", apostilla Virtudes. Con todo, y aunque la denunciada generalmente no va a la cárcel -a diferencia de sus médicos-, el proceso hace que pase dos veces por el mismo calvario: revivir la situación y su historia clínica aireada en despachos de abogados.

Los responsables de los centros aseguran que no pueden negarse a entregar, a petición de un juez, el historial médico de la mujer que ha abortado. Sin embargo, existe discrepancia entre los juristas sobre esta obligación. Aceptando que los preceptos constitucionales queprotegen el secreto profesional aún no están desarrollados legalmente, algunos expertos recuerdan que la Ley General de Sanidad sí recoge el derecho de todo usuario a la confidencialidad de su proceso y su estancia en un centro sanitario.

Pero, en última instancia, lo que estas denuncias ponen en evidencia, subrayan los responsables de las clínicas, es la situación de indefensión en la que deja a mujeres y sanitarios la actual regulación, "que sigue sin reconocer el derecho de la mujer a decidir", concluye Victoria Virtudes.