México extraditará a un etarra acusado de colaborar en el secuestro de Aldaya

El Gobierno mexicano concedió ayer la extradición del etarra óscar Cadenas Lorente, El Güero, uno de los más buscados por la policía española entre los terroristas residentes en el país centroamericano.La entrega de Cadenas, solicitada hace un año, era ya cuestión de tiempo después de que un juez mexicano rechazara su petición de asilo. Cadenas está acusado, entre otros delitos, de haber colaborado en el secuestro del empresario guipuzcoano José María Aldaya. Sus abogados preparan ahora un recurso contra la extradición.

La solicitud de asilo político, formalizada el pasado mes de febrero, era la última baza planeada por la defensa de Cadenas para evitar su expulsión del territorio mexicano. El 5 de abril, sin embargo, el magistrado que seguía la causa rechazó la petición y se pronunció a favor de su entrega a las autoridades españolas. La decisión judicial fue considerada por los indignados abogados de Cadenas como un "regalo" político con motivo de la visita oficial que los Reyes realizaban por esas fechas a México.

Nada más conocerse la sentencia, el secretario de Relaciones Exteriores de México, José Ángel Gurría, se comprometió a dictar la extradición. Ayer, casi un mes después, la medida le fue comunicada verbalmente a la defensa del etarra, detenido desde el pasado diciembre en el penal de alta seguridad de Almoloya. Según un periódico local, Cadenas, que está casado con una ciudadana mexicana, está en huelga de hambre "desde hace 27 días". Uno de sus abogados, Lamberto González, estaba a la espera de recibir la notificación formal para presentar un recurso.

Sin cobertura política

La justicia española acusa a Cadenas, miembro del comando Ipar Haizea, de asesinato frustrado y estragos por un atentado cometido en San Sebastián en 1991. El etarra refugiado en México, que integraba el comando junto a Ignacio Echavarría Pascual y Miren Maitane, colocó una bomba lapa adosada al coche de Ignacio Lago San Juan, quien sufrió la amputación de un brazo y una pierna al hacer explosión el artefacto.

Ese mismo año, según otro expediente abierto en la Audiencia Nacional, envió a la cúpula de ETA un informe sobre las finanzas de José María Aldaya, secuestrado por el grupo terrorista en 1995.

La extradición de Cadenas sigue a la expulsión, el pasado mes de diciembre, del etarra Pedro María Garmendia, condenado por la Audiencia Nacional en 1981 a seis años de cárcel. Garmendia, al igual que otros tres terroristas repatriados a partir de 1995, se encontraba en una situación migratoria irregular.

Según fuentes policiales, unos 150 presuntos miembros de ETA residen en México. El hecho de que este país considerase al terrorismo como delito político había alentado la llegada de activistas vascos y envenenado las relaciones con España. En este contexto, por ejemplo, México denegó la extradición, en 1994, de Esteban Murillo, uno de los etarras más buscados por la justicia española.

La situación, sin embargo, dio un giro radical en 1995, cuando ambos países modificaron el Tratado de Extradición suscrito en 1980. El nuevo protocolo, que entró en vigor en septiembre pasado después de varios tira y afloja sobre su interpretación, despoja al terrorismo de su cobertura "política" para incluirlo en el ámbito de los delitos comunes, con lo que se abre la puerta a la repatriación de los miembros de ETA. España ha reclamado hasta ahora a cuatro terroristas (entre ellos a Cadenas) y a otro ciudadano implicado en una estafa.

México, por su parte, ha solicitado la extradición de once personas, entre ellos dos banqueros implicados en escándalos financieros. Precisamente la justicia española entregó a México el pasado 24 de abril a Ricardo Armas Arroyo, una de las personas reclamadas por su vinculación a un caso de quiebra fraudulenta multimillonaria.