Castilla y León desatiende los consejos del Tribunal de Cuentas sobre contrataciones

La Junta de Castilla y León, presidida por Juan José Lucas, del PP, incumple las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para que termine con el abuso de las adjudicaciones de contratos a dedo. El informe el tribunal de 1993, dado a conocer hacedos meses, criticaba que el 86% de los contratos siguiera el sistema de concurso y no el de subasta, recomendado por sus superiores garantías. De los 925 contratos realizados en 1996, un total de 683, el 73,7%, siguieron el sistema de concurso, y sólo 13 1, el 14,1%, el de subasta, según datos de la Junta.

El Tribunal de Cuentas, en su informe sobre 1993, manifestaba que los órganos de contratación de la Junta de Castilla y León deberían valorar la utilización de la subasta como procedimiento general ordinario de adjudicación de los contratos de obras, "habida cuenta que permite obtener mayores bajas sin perjuicio de garantizar, mediante una elaboración y supervisión más rigurosa de los correspondientes proyectos así como mediante el establecimiento de los requisitos de clasificación de contratistas, la adecuada calidad de la ejecución ".Sin embargo, en 1996, el número de contratos de la Junta que ha seguido el procedimiento de concurso ha sido de 683 sobre 925, esto es, el 73,7%. Sólo 131 han seguido el sistema de subasta, recomendado, por el Tribunal de Cuentas, lo que supone el 14,1%. Las restantes contrataciones han sido negociadas (49), adjudicadas directamente (6) o no consta cómo se hicieron (56). El importe total de las 925 contrataciones fue de 44.038 millones.

Cuatro consejerías de la Junta de Castilla y León jamás han recurrido al sistema de subasta en sus contrataciones durante 1996. Es el caso de las consejerías de Presidencia, la de Economía y Hacienda, la de Educación y Cultura y la de Industria, Comercio y Turismo. El costo por la utilización del procedimiento de concurso frente a la subasta supone a la Junta de Castilla y León una cifra adicional de más de 4.000 millones de pesetas.

Hace dos meses, un portavoz de la Junta de Castilla y León argumentó, ante las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, que el uso del concurso como procedimiento habitual es legal y está fundamentado en la Ley de Contratos, que admite ambos sistemas de contratación.

El Tribunal de Cuentas también detectó, en su último informe, presentado hace dos meses y referido a 1993, un "agujero contable" de 50.950 millones de la Junta. El Grupo Socialista intentó el pasado 19 de abril la comparecencia del que fue consejero de Economía y Hacienda de la Junta en 1993 y es actual presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Fernando Bécker, para que explicara ante el Parlamento regional tanto el "agujero contable" como las razones del uso reiterado del concurso sobre la subasta y la ausencia de indicadores sobre la eficiencia de los programas, denunciadas por el Tribunal de Cuentas.

El PP, que dispone de mayoría en la Cámara regional, rechazó la presencia de Fernando Bécker. No obstante, la próxima semana comparecerá la actual consejera de Economía y Hacienda, Isabel Carrasco, para responder sobre el informe de 1993.

Los socialistas lamentan el rechazo de la creación de un Tribunal de Cuentas de Castilla y León por parte del PP, que, sin embargo, lo propone en aquellas comunidades donde no gobierna, como Andalucía. La existencia de un Tribunal de Cuentas regional permitiría, a juicio del PSOE, una fiscalización más rápida. El último informe del Tribunal de Cuentas central sobre Castilla y León, referido a 1993, se conoció hace poco más de dos meses.